La asociaciones de jueces y magistrados redoblan la presión contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se pretende la sustitución paulatina de los jueces sustitutos por los de Carrera, y su pretensión de modificar sustancialmente el Consejo General del Poder Judicial, aunque todavía no hay ni siquiera un texto definitivo que se presente al Consejo de Ministros.

El alejamiento ha llegado a tal extremo que consideran «amortizado» al titular de Justicia, a quien ya no consideran «interlocutor válido» en las negociaciones futuras que puedan existir. «A Gallardón lo damos por muerto, no nos vale para hablar», llegó a afirmar al respecto el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, al término de la reunión mantenida por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales.

Además de denunciar la «grave situación de falta de medios personales y materiales, que empeorará con las medidas anunciadas», al entender que no van a poder hacer frente al 30 por ciento del trabajo por la eliminación de jueces y fiscales sustitutos, anuncian que se dirigirán a las instituciones europeas para expresarles «el grave peligro que corre en nuestro país el principio de división de poderes».

Críticas a una reforma sin redactar

Para «presionar» más al Gobierno, realizarán un paro de una hora el próximo 12 diciembre, en la que llevarán a cabo concentraciones en las sedes judiciales. Y, además, si el Ejecutivo aprobase finalmente un proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial «que afectase a la independencia judicial», anuncian la convocatoria de una jornada de huelga para el mes de enero. Pese a que se conoce el texto definitivo sobre esta reforma, las asociaciones ya tienen su opinión formada: «La reforma pretendida del CGPJ supondrá una quiebra de la independencia judicial y afectará a la división de poderes».

Por ello, y para intentar llegar a un acuerdo es por lo que han pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «al no considerar como interlocutor válido al ministro» Ruiz-Gallardón.

Por otro lado, las siete asociaciones judiciales y fiscales volvieron nuevamente a rechazar de plano la recién aprobada ley de tasas judiciales, al sostener que limitarán el acceso de los ciudadanos a la Administración de jueces: «Los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos fundamentes de los ciudadanos».