El juez Juan Carlos Peinado imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz, por un delito de malversación de caudales públicos.

El instructor del "caso Begoña Gómez" la cita para que declare a las 09:30 horas el próximo 12 de noviembre como investigada en relación a su responsabilidad como superior jerárquica de la asesora de la mujer del presidente de Gobierno.

Por tanto, es la segunda máxima responsable del departamento de Moncloa del que depende Álvarez como alto cargo que pasa a estar investigada por las gestiones privadas que la asesora hacía de la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su antecesor en este cargo, Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, también está imputado en la causa.

En un nuevo auto, conocido por LA RAZÓN, el magistrado reclama tanto a la mujer del jefe del Ejecutivo como a su asesora que "aporten todos los correos electrónicos y los soportes cruzados" entre ambas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid continúa profundizando en el rastreo de las comunicaciones y ordena a cuatro de las empresas privadas (Minsait, Indra, Telefónica y Deloitte) que desarrollaron el software -que se investiga si se apropió indebidamente Gómez- que remitan "todos los correos, wasaps o cualquiera otras comunicaciones escritas" que hayan mantenido con Álvarez desde que fue nombrada directora de Programas de Presidencia en julio de 2018.

Además, recuerda a un trabajador de Google, Miguel Ángel Rodríguez Bueno, que aún no ha remitido "los correos" con la asesora de Gómez que declaró tener en el buzón. "Con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no ser aportados".

El juez Peinado le pide, asimismo, las comunicaciones cruzadas con la asesora a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Tal y como reveló este diario en exclusiva, Álvarez estuvo en la firma del convenio de colaboración entre esta entidad y la cátedra extraordinaria que lideraba la pareja del presidente en la UCM.

El mismo día que González Pedraz, el juez Peinado tomará declaración como testigo al presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar Silvela. La esposa del líder del PSOE dirigió en este centro universitario privado hasta 2022 el Africa Center.

También serán interrogados ese día Miguel Escassi, el exasesor del Gobierno que, ya siendo directivo de Google, tramitó la financiación por parte de la tecnológica del programa informático de la cátedra, y, por tercera vez, el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, que ejerció de enlace entre la universidad y la cátedra de Gómez. Es el cargo de la universidad con el que la asistente de la mujer de Sánchez se cruzó, al menos, 121 mails en los que tramitaban cuestiones de la actividad diaria de la cátedra.

En la resolución, de más de cuarenta páginas, el instructor acepta practicar testificales a tres funcionarias de la Complutense, que habían sido propuestas por la defensa de la propia esposa del presidente. Tendrán que comparecer en sede judicial el próximo 28 de noviembre. Y tal y como había pedido esta misma parte, se ordena a Presidencia que informe "sobre los antecedentes que consten en relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente, con la delimitación de puestos ocupados y funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge".