Los inspectores de la Hacienda Local avisan: "Los ayuntamientos en los que se impugne la tasa de basuras tendrán un agujero multimillonario"

"La nueva tasa de residuos supone un grave riesgo presupuestario para los ayuntamientos en los que la tasa de basuras sea anuladas tras ser impugnada en los tribunales. A lo que se les anule, que es muy probable, se les va a abrir un agujero presupuestario enorme. Este riesgo no está a la vista, porque los procedimientos tardarán entre tres y cuatro años, y en esa fecha se encontrarán con que tendrán que devolver millones de euros". Esta dura advertencia la ha hecho Juan Ignacio Gomar, miembro del Comité de Expertos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) que ha elaborado el Libro Blanco sobre esta tasa, que recuerda que "ya advertimos de los problemas que se iban generar. La Unión Europea ya dijo que obligaba imponer una tasa local, sino que solo pedía establecer instrumentos para alcanzar los objetivos medioambientales exigidos. Y el Gobierno optó por una vía que tiene un fuerte impacto tanto en los ciudadanos como en las Administraciones Locales. Esto puede provocar que los tribunales fallen en contra de la aplicación de la tasa porque no cumple el principio del pago por generación y cuando se dicte sentencia tendrían que devolver millones de euros".

Para Gomar, el incremento de la presión fiscal en esta tasa de basuras "es extraordinario, y en la mayoría de los ayuntamientos los ciudadanos no ven que se haya mejorado el tratamiento de los residuos, porque ya se hacía antes, solo que ahora tienen que pagar muchísimo más". Y este incremento se ha hecho sin que el Gobierno central haya legislado la forma de hacerlo, lo que ha provocado que unos ayuntamientos tengan una cuota fija, otros lo hagan por porcentajes o por otros sistemas, con unas diferencias descomunales entre lo que pagan unos ciudadanos y otros, con lo que la inseguridad jurídica es manifiesta".

Este experto niega que desde las autoridades comunitarias se haya obligado a establecer esta tasa, sino que "lo que ha hecho es establecer dos directivas, que solo dicen que se debe trasladar a los contribuyentes como cada Estado estime oportuno lo que cueste la gestión de residuos para que sean conscientes de su coste. Pero deja libertad a cada Estado para alcanzar esos objetivos, pero en ningún momento se obliga a establecer una tasa. Y tampoco dice que debe ser el contribuyente el que deba absorber el 100% del coste. Por eso, las tasas aprobadas se disparan enormemente porque el coste del tratamiento de residuos es elevadísimo".

También les resulta chocante a los inspectores locales que no haya datos oficiales del coste del tratamiento residuos y los datos que se manejan son de fuentes privadas. "Es increíble que no haya datos oficiales. Según el Observatorio del Laboratorio de los Residuos, la recaudación por esta tasa estaría en torno de los 3.500 millones, por lo que seguiría existiendo un déficit global sobre la gestión de residuos próximo a los 2.000 millones, pese a que España es el único país de la UE que ha aplicado una tasa preceptiva y no supuestamente no deficitaria". Esto significa que este impuesto se convertirá en el segundo impuesto por ingresos de los consistorios tras el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Respecto a que algunos ayuntamientos se hayan negado negado a aplicar esta tasa, Gomar apunta que "no está previsto ningún sistema de sanciones, pero si al Estado se le impone por parte de la UE algún tipo de multa por ello, el Estado podría repercutir el coste de esta sanción a los ayuntamientos infractores", aunque recuerda que "una sanción así no se ha aplicado nunca hasta ahora".