El juez reclama a la empresa pública que enchufó a miss Asturias los datos de su contratación y ordena averiguar su paradero

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente quiere esclarecer las circunstancias de la contratación de la exmiss Asturias Claudia Montes en Logirail, la empresa pública dependiente de Renfe en la que según el instructor fue enchufada por mediación de su entonces pareja José Luis Ábalos y con la mediación de Koldo García. Puente ha solicitado a la sociedad toda la información sobre esa contratación y, además, ha ordenado a la Policía que averigüe el domicilio de Claudia Montes, que ayer no compareció como testigo en el Tribunal Supremo pese a que los agentes se pusieron en contacto con ella para notificarle su citación tras ser desahuciada de su vivienda habitual.

El magistrado insta al presidente del Consejo de Administración de Logirail a remitir al Supremo en un plazo máximo de 15 días toda la documentación sobre el proceso de selección de Montes, detallando desde cómo y en qué fecha se publicó la vacante hasta las razones para ofertar esa plaza finalmente adjudicada a la entonces novia de Ábalos. Una contratación por la que recientemente ha dejado en manos de la Audiencia Nacional la imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

Puente quiere que desde la empresa pública se le precise el número de aspirantes a esa plaza y en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con Claudia Montes. Y si así fue, reclama que se identifique a las personas que entrevistaron a los aspirantes.

En esa misma línea, solicita el contrato de trabajo firmado por Logirail con la exmiss Asturias, precisándose la fecha de incorporación y de cese en la empresa pública. Además, requiere al presidente de Logirail que le documente en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a Claudia Montes y que ponga nombres y apellidos a la persona encargada de encomendarle sus labores profesionales y a la que "de forma directa rindiera cuenta". En definitiva, Puente requiere la identidad de los jefes inmediatos de la expareja de Ábalos, con el objetivo de una más que segura citación como testigos.

Objetivo: localizar su domicilio

Asimismo, el juez del Supremo no desiste de tomar declaración como testigo a la propia Claudia Montes tras el plantón de la exmiss y al no tener la plena certeza de que hubiese recibido la citación judicial y desconociéndose su actual paradero, ordena llevar a cabo las averiguaciones pertinentes para localizar su actual domicilio distinto del que parece haber sido desahuciada. Si estas gestiones resultan infructuosas, Puente acuerda que se libren los correspondientes oficios a Policía, Guardia Civil y a la Jefatura de la Policía Local de Gijón para que realicen las pesquisas pertinentes para dar con su último domicilio conocido y conocer su número de DNI, con el objetivo de identificar un domicilio en el que pueda ser citada.

Según explica el propio magistrado en su resolución, la Comisaría del Tribunal Supremo contactó telefónicamente con la exmiss y le trasladó verbalmente su citación, solicitándole una dirección de correo electrónico para remitírsela formalmente, a lo que se negó, como a facilitar cualquier dato personal, insistiendo en que deseaba ser citada personalmente en su domicilio, que tampoco facilitó a los agentes.

La Policía Nacional de Gijón y la Policía Local también intentaron sin éxito dar con su paradero, pues al desplazarse los agentes a su último domicilio conocido comprobaron que no se encontraba allí, indicando los vecinos que Montes había sido desahuciada y que desconocían su actual paradero.

Koldo, a Ábalos: "Lo arreglo"

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Montes -a quien el instructor sitúa en el "círculo personal" de Ábalos- "podría haber sido contratada irregularmente" gracias a "la influencia" del entonces ministro de Transportes "y con la relevante colaboración" de Koldo García, en esas fechas su asesor, quien habría ejercido como "transmisor" para que esa contratación "no solo se llevara a cabo" sino que, "una vez formalizada, no fuera rescindida".

En octubre de 2019 -según los mensajes de WhatsApp analizado por la Guardia Civil- Ábalos preguntó a su asesor si la exmiss Asturias podía ser contratada por alguna empresa del Ministerio. "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?", le preguntó. "Lo arreglo", se comprometió Koldo. Sus gestiones fueron fructíferas porque el 5 de diciembre Montes escribió a Koldo: "Como me dijiste que te avisara, quería comentarte que me han llamado". Dos semanas después ya estaba trabajando. "Jefe está trabajando ya que sepas", informa Koldo a su jefe el 21 de diciembre. Y añade: "Pero aún no cobra y se queja de las navidades".

Y es que la exmiss se quejó de forma reiterada al asesor de Ábalos de su situación laboral y del trato que recibía de sus superiores: "Tengo cosas grabadas y con testigos cómo me ha faltado al respeto, me ha humillado, me ha degradado y me ha tratado peor que a una mujer maltratada y tengo testigos que ya no podemos más con tanta injusticia". Para revertir la situación, no dudó en pedir la mediación de Ábalos: "Ya lo hablaste con Jose? Sabes los trapicheos que está haciendo esta gente?".

Amenazas tras el despido: "Esto no va a quedar así"

Pero tras su despido en febrero de 2022, Montes amenaza a Koldo: "Esto no va a quedar así". Meses después, en octubre, le reclama su currículum (supuestamente falsificado) porque estaba buscando trabajo, aunque para entonces la relación con Ábalos, quien "ya no ostentaba la cartera ministerial", había concluido. "Que se deje de líos y se busque otras ayudas", transmite el exministro al que fuera su asesor, que le advierte de que Montes amenaza con denunciar que su currículum "era falso", aunque según Ábalos "lo falseó ella".

Se trata de la segunda exnovia de Ábalos citada como testigo en el Supremo en el marco del "caso Koldo", después de que el pasado 27 de febrero declarase Jésica Rodríguez, que también fue presumiblemente enchufada en dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec, donde admitió que no realizaba trabajo alguno.