Junqueras sitúa ya las elecciones catalanas a final de 2024

La guerra abierta entre ERC y Junts sigue apretando el brazo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moncloa es rehén de la batalla por la Generalitat de Cataluña, y también de la que a título personal libran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, como ya se ha visto en la negociación del acuerdo de investidura de Sánchez. Ayer volvió a producirse otro capítulo al hilo de la reunión que el 21 está previsto que mantengan el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, con el jefe del Ejecutivo. El secretario general de Junts, Jordi Turull, el hombre de Puigdemont en España, anunció que también habrá una reunión «como es debido» entre Puigdemont y Sánchez «para hablar de la negociación y de profundizar en la resolución del conflicto político», explicó en TVE y Radio 4. Estas declaraciones se produjeron después de que Puigdemont y Sánchez evitaran saludarse el miércoles en el Parlamento europeo.

Junts asegura que este encuentro ya está pactado, y la respuesta de Moncloa fue aludir a que su agenda es pública y transparente y no tiene marcada ninguna fecha cerrada para esta entrevista. Pero todos los portavoces del Gobierno, incluido el presidente Sánchez, que tuvieron que referirse a esta posible entrevista, sin mediador, no descartaron que sí pueda tener fecha en el futuro. La negación del encuentro por parte de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue rectificada expresamente por Turull, que le echó en cara que quizá no está al corriente de esta cita que pactaron con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sacudida de este futuro encuentro entre Sánchez y Puigdemont entra a formar parte de esa lluvia fina con la que desde distintos canales oficiales y oficiosos se está regando a la opinión pública para normalizar la amnistía y demás cesiones con el independentismo que se derivan del acuerdo de investidura. La entrevista entre Sánchez y Puigdemont conlleva un desgaste de la imagen del líder socialista, pero que sería lo de menos si se mide con el desgaste institucional de la Presidencia del Gobierno. Sobre todo si se celebra antes de que Puigdemont regrese a España porque se haya hecho efectiva la amnistía. Y para que esto suceda queda todavía un largo camino.

Puigdemont no tiene previsto regresar a Barcelona mientras haya el más mínimo recurso pendiente de resolución, según fuentes de su entorno de máxima confianza. Por tanto, no bastará con que se apruebe la ley de amnistía, porque no quiere riesgos, y esto amplía mucho el calendario para que la reunión pactada pueda celebrarse en unas condiciones de cierta normalidad dentro de la excepcionalidad que acompaña a todo el proceso.

Esto hila con la campaña del independentismo contra los jueces, que busca desactivarlos y limitar esos recursos, como la posibilidad de que se presente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste es uno de los caminos que puede tomar el Supremo si entiende que la futura ley de amnistía no es compatible con los principios del Tratado de la Unión. Distintos portavoces independentistas están ya en campaña para trasladar a nivel internacional la imagen de que España está en manos de una Justicia politizada y prevaricadora. Y los jueces creen que es una estrategia de extorsión, y que lo que buscan es amedrentarles para que no cuestionen el contenido de la norma que salga del Congreso con la mayoría de investidura: su enfado se dirige también contra el Gobierno de coalición, al que reprochan que no les defienda, sino que abonen las acusaciones de sus socios.

En el polvorín de la confrontación entre Junts y ERC pesa, además, la fecha de las próximas elecciones autonómicas catalanas. La potestad de convocarlas es del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. pero Junqueras va anticipando que la previsión es que se celebren en el último trimestre del 2024. Estas elecciones pueden afectar a la estabilidad de la legislatura de Sánchez, suponiendo incluso un punto de inflexión tanto si Moncloa consigue su objetivo de que Salvador Illa sea el futuro presidente de la Generalitat como si fracasa en el reto.

Moncloa está convencida de que la normalización de Puigdemont ayudará a Illa a este objetivo, aunque desde otros ámbitos del partido se pone en duda que realmente vaya a ser el líder socialista el que salga más beneficiado de una política que ha rehabilitado a Puigdemont y a la causa soberanista después de que ERC hubiera hecho el camino hacia el pragmatismo de las políticas progresistas.

Por cierto, el encaje de una posible reunión entre Sánchez y Puigdemont, más allá de lo que pueda suponer de desgaste a corto plazo para el presidente del Gobierno, tiene un valor superior dentro del plan para crear en el imaginario popular la idea de que se está levantando un muro contra el fascismo, donde meten al PP y a Vox.

Este muro debe tapar, en la idea de Moncloa, los cambios en el modelo territorial que puedan derivarse de las nuevas alianzas de los socialistas y de sus consecuencias en la relación entre Navarra y el País Vasco. Ese cerco para dejar fuera a la derecha cuenta con la ayuda de Vox, a quien Moncloa ve como el mejor aliado para domar a los suyos y que nadie se salga del muro ni dude de su utilidad.