El paquete de ayudas que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros para sostener a los sectores económicos afectados por la andanada arancelaria de Donald Trump ha pasado de concitar acuerdos casi unánimes a enredarse en las desavenencias que alimenta Junts. Pese a que la norma ha sido fruto de una intensa negociación, con aportaciones de los grupos parlamentarios y con intercambio de papeles con el principal partido de la oposición, incluso hasta la víspera de su aprobación, la sombra de las cesiones a Junts ha tambaleado el vulnerable hilo de comunicación que une a Gobierno y PP.

El Ejecutivo ha aceptado incluir en el decreto una disposición adicional, pactada con el partido de Carles Puigdemont, en la que se contempla que las comunidades autónomas con un mayor peso en las exportaciones de bienes con destino a EE UU podrán acceder a un mayor porcentaje de ayudas. Los postconvergentes calculan que las empresas catalanas tendrán acceso al 25% de los 5.000 millones de euros previstos en avales ICO. La cantidad se deduce del peso que Cataluña ostenta en las exportaciones a Estados Unidos –4.351 millones de euros del total de 18.179 total de España–y, pese a que el texto fue acordado entre el Ejecutivo y Junts, no hay unidad a la hora de interpretar lo pactado por ambas partes.

Economía desmiente a Junts

El diputado de Junts Josep Maria Cruset se anticipó desde el Congreso a colocar el mensaje de que de la movilización total de 14.300 millones de euros que contiene el plan, a Cataluña le corresponderían en torno a 3.000 millones de euros. Sin embargo, desde el Gobierno no avalan este cálculo y señalan que la distribución de los fondos se hará en función de la exposición de los sectores afectados y no en base de criterios territoriales, por lo que las cifras que manejan sus socios son una mera «aproximación».

Fuentes del Ministerio de Economía, de hecho, recelan de la exposición de Junts y señalan que las ayudas funcionarán «a demanda» de las empresas perjudicadas y no se cierran a establecer un techo de fondos –aunque la partida inicial de 5.000 millones les parece suficiente–porque quieren evitar, precisamente, que se genere un contexto de competencia entre las empresas afectadas. «Habrá financiación para todas las que lo requieran», explican desde Economía.

Sin embargo, esta cuestión ha generado un terremoto político. Desde el principal partido de la oposición salieron al paso, asegurando que «el Gobierno ha decidido expulsar al PP del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria, tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles». Junts vuelve a interponerse entre el Ejecutivo y Génova y hace tambalearse los puentes de diálogo que habían restablecido. El embrollo obligó a Cuerpo a llamar al popular Juan Bravo para tratar de reconducir la situación, según informaron fuentes gubernamentales que tildaron la conversación de «constructiva»: «Cuando se explica se entiende». En el entorno del vicesecretario de Economía dieron por buena la justificación del ministro: «Somos conscientes de que lo que ha dicho Junts no es real». Génova, sin embargo, no rectificó sus gruesas palabras con las que atacaba a Sánchez por «agasajar» a sus socios con «dinero público».

Un ministro que se reunirá mañana con las autonomías. En Moncloa no esperan encontrarse con un frente común de las regiones gobernadas por el PP debido a que, por la diversa implantación autonómica de los distintos sectores que resultarían afectados, la situación desborda los intereses territoriales y de partido. Sin embargo, la formación de Carles Puigdemont vuelve a poner en jaque la estrategia de Sánchez y obligará hoy a Cuerpo a un esfuerzo de explicación en el Congreso. La comparecencia será el mejor termómetro para valorar el estado de las relaciones con el principal partido de la oposición.

Cuerpo y Bravo mantienen la negociación y Génova desconfía

De primeras, Génova ha cambiado el tono con el que se habían sentado a negociar con el Gobierno. Que Junts saque pecho del acuerdo arancelario hace retroceder a los populares, que critican que Sánchez usa el «dinero público» para «agasajar» a sus socios. El PP se siente defraudado al entender que, mientras el ministro Cuerpo aseguraba su voluntad de coordinar la respuesta con las comunidades, el Gobierno «sellaba» el acuerdo oculto con los independentistas. En el PP hoy escucharán con atención al ministro de Economía e insisten en que «atenderán las llamadas» que reciban por ser un partido de Estado, pero también advierten de que el Ejecutivo no podrá contar con ellos si es para «blanquear» un acuerdo que «comprometa la igualdad entre ciudadanos y territorios». En el entorno de Bravo destilaban más confianza en cuanto a que el Ejecutivo adopte medidas aconsejadas por los populares.

Antes de que todo saltara por los aires Gobierno y PP exhibían cierta sintonía. Desde ambas partes se reconocían los esfuerzos del contrario por mantener vivo el vínculo de diálogo que se había abierto. Desde el Ejecutivo, con Cuerpo a la cabeza, se trasladaba una «voluntad de llegar a una solución conjunta». Y desde el PP, el portavoz Miguel Tellado hacía lo propio al destacar las «buenas palabras de Cuerpo y disposición hacia el consenso». A la vez, buscaban otro objetivo: promocionar al ministro Cuerpo para desgastar a la vicepresidenta María Jesús Montero, en su condición de candidata contra el barón del PP en Andalucía Juanma Moreno. «Respaldamos la decisión de Sánchez de apartar de cualquier negociación con el PP a la vicepresidenta. Acierta al mandarla al rincón de pensar», se jactaban.

En Moncloa consideraban que habría margen para seguir llegando a acuerdos en el futuro y reivindicaban que se habían incluido en el decreto algunas de las propuestas de los grupos parlamentarios, entre ellos, el PP. En concreto, «un artículo específico sobre rendición de cuentas y transparencia de presencia trimestral en el Congreso», y también un refuerzo en las medidas de internacionalización, a través de un Fondo de Internacionalización de la Empresa, el FEIM. Además de la interlocución con las autonomías y limitar la moratoria contable a 2025. Unas medidas que el PP valoró, pero tildó de «insuficientes» ya que no había cambios en materia de competitividad, en la política fiscal y energética y tampoco se atendía la petición de Feijóo de crear un fondo para los afectados.

Ante el caos que ayer volvía a abrirse entre los partidos sobre cómo enfrentarse a la crisis arancelaria, Feijóo se reunirá hoy en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen con el objetivo de expresarle su apoyo al diseño de una respuesta «firme» en la batalla comercial de Trump. También tratará las nuevas exigencias en materia de defensa.