Política

La agenda que delató a CDC

Los agentes de la Guardia Civil registraron de nuevo ayer la sede de Convergència
Los agentes de la Guardia Civil registraron de nuevo ayer la sede de Convergència

El tesorero de CDC detenido, Andreu Viloca, anotaba en un diario todos sus encuentros con los empresarios interesados en la concesión de obras.

Lo apuntaba todo: nombres, fechas, lugares y cantidades. Un hombre metódico que quizás haya hecho estallar toda la «trama» del 3% que en su día denunciara Pasqual Maragall. Pero incluso para los hombres metódicos puede llegar el día que tengan que escribir una anotación indeseada desde un lugar indeseado.Una agenda hallada por la Guardia Civil en registros del despacho de Andreu Viloca, tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), ha resultado fundamental para poder desarrollar la nueva fase de la operación dirigida a desmantelar la trama de comisiones a cambio de la concesión de obras que licitaba la Generalitat y otras instituciones gobernadas por CDC. Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, en esa agenda, Viloca, que sucedió en el cargo y en este tipo de funciones a Daniel Osácar, apuntaba las fechas en las que se entrevistaba con una serie de empresarios que querían hacer las obras. En esa labor de le ayudaban el secretario del patronato de la fundación Catdem, Carles del Pozo, y una administrativa de Convergència, que también han sido arrestados.

El mecanismo, según se deduce de las pesquisas realizadas, consistía en que, una vez que se tenía conocimiento del interés del empresario por trabajar para la Generalitat e instituciones gobernadas por CDC, Viloca, en función de su importancia y la obra licitada, se ponía en contacto con él y concertaba una entrevista. Le indicaba la cantidad que, bien por transferencia, en metálico o por cheque, se debía ingresar en Catdem. Estas cantidades nunca llegaban a la fundación hasta que la obra no había sido concedida de forma oficial. En otros casos, bien fuera por problemas de trabajo de Viloca o por otros, era Carles del Pozo y la citada administrativa los que acudían a las citas.

Otras de las fuentes de la información y comprobación de datos de la que se ha servido la Guardia Civil para avanzar es el ordenador personal de Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, encontrado en la sede de este partido en el que Osácar tiene despacho (que ocupa habitualmente Xavier Trias).

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, en el ordenador están todos los correos (aunque hubiesen sido borrados) que Osácar ha emitido o recibido en los últimos años, al menos hasta 2011, momento en que Viloca se hace cargo supuestamente del manejo de la «trama». Desde el primer momento, como ha ocurrido ahora, los especialistas de la Benemérita establecieron un sistema de trabajo que consistía en tratar de establecer un vínculo entre los correos, por la fecha en la que fueron emitidos, y los ingresos que recibió la fundación de CDC.

Algunas de las claves de todas estas investigaciones están en los otros registros realizados por los agentes de la Guardia Civil en la sede de CatDem. Fueron informados por los empleados, lo que los agentes hicieron constar en diligencias, de que allí no había datos contables sino que se encontraban en la sede de CDC. Previa autorización del juez al partido, se dirigieron allí para registrar el despacho de Andreu Viloca. Simultáneamente se procedía al registro del domicilio de Daniel Osácar, que también manifestó que allí no tenía nada sino que todo estaba en su despacho, el que ocupaba habitualmente Trias. Al final, todo estaba en la sede de CDC.

En el despacho del primero se encontró una trituradora de papel con restos de documentos en uno de los cuales se leía «Teyco», la constructora de la familia Sumarroca, próxima a los Pujol y una de las grandes adjudicatarias de obra pública. Teyco construyó una piscina en Figueras, un parque en Lloret de Mar y le encargaron, además, otras obras públicas en Sant Celoni, Sant Cugat y el aparcamiento de Torredembarra de donde sale este embrollo. Los especialistas del Laboratorio de Criminalística lograron agrupar en montones las tiras en las quedaron destrozados los documentos y los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona se ocuparon de hacer el resto.

Tras varios meses de pesquisas, los agentes creen tener bien encauzada la línea de investigación del entramado del 3%, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas si de las documentaciones intervenidas se dedujera tal necesidad. A diferencia de otras ocasiones, tampoco se descarta (es decisión judicial) que alguien pudiera ingresar en prisión.

El caso investigado por el Juez de El Vendrell se inicia con la «operación Petrus» que llevó a la cárcel al ex alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué de CDC. Después de esta actuación, el juez ordenó en el mes de julio un nuevo registro sobre la empresa Teyco, de la familia Sumarroca siempre estrechamente ligada a la familia Pujol. En este registro, la Policía encontró en la caja fuerte del consejero delegado, Jordi Sumarroca, unos ingresos y unas anotaciones manuscritas que coincidían con comisiones del 3%.

Un mes más tarde, el 28 de agosto, la polícia realizó un nuevo registro que les llevó a los ayuntamientso de Sant Celoni, Figueres, Lloret de mar, Sant Fruitós del Bages y Sant Cugat del Vallès, todos ellos gobernados por Convergencia. Los trabajos de la «operación Petrus» continuaron pero no se desarrolló ninguna operación policial. Las elecciones del 27-S paralizaron, puertas afuera, toda investigación para no interferir en el proceso electoral.

La pasada semana la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial mantienen una reunión para cotejar datos. Ambas instituciones llegan a la conclusión que, cruzando los datos, varias constructoras reciben contratos públicos al tiempo que realizan aportaciones a las fundaciones CatDem y Barcelona Fòrum.

La actuación judicial ha culminado con 11 detenciones. Además del máximo responsable económico de CDC, Andreu Viloca, han sido detenidos el secretario de la Fundación CatDem, Carles del Pozo, una administrativa de Convergencia, y el director general de infraestructuras de la Generalitat, Joan Antoni Rosell. Junto a ellos han sido detenidos seis empresarios. Xavier Tauler (COPISA) que también está imputado en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, que lleva la Audiencia Nacional, por comisiones supuestamente irregulares que superan los 3 millones. Copisa también ha hecho aportaciones de más de un millón a las fundaciones. En su momento, las justificaron por «patriotismo». Juan Luis Romero Gamero (ROGASA) que pagó 22.000 euros a CatDem. Antonio García Bragado (TECCUATRO) que ingresó en la fundación 50.000 euros. Jordi Soler (GRUPO SOLER) uno de los grupos que más ha ingresado en los últimos años en CDC. Según los datos policiales, el Grupo Soler ha pagado 590.000 euros. Sergio Lerma (OPROLER), empresa ubicada en Madrid que trabaja con el Grupo Soler, y Josep Manel Bassols cierran la lista.

También en el día de hoy, el juez ha ordenado registros en los ayuntamientos de Olot por la concesión del servicios de basuras y limpieza otorgado a URBASER, una filial del Grupo ACS dirigido por Florentino Pérez, que ha aportado a la CatDem 390.000 euros. Asimismo, ha vuelto a recibir la visita de la policía por segunda vez, el Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bages por la adjudicación de una obra al Grupo Soler –que formaba una UTE– que abonó 34000 por la concesión de una obra en el municipio, lo que coincide exactamente con el 3% de la obra ejecutada. Este importe coincide, también, con el sobrecoste que el ayuntamiento aprobó sobre la cita licitación.