El juez acredita la financiación ilegal del PP de Valencia

Condena al ex secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, a cuatro años de prisión por delitos electorales y falsedad documental y absuelve al ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

El PP valenciano se financió ilegalmente en las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Así lo considera acreditado la Audiencia Nacional, que ha condenado a 18 de los veinte acusados en el juicio a la «trama Gürtel» en dicha comunidad autónoma a penas que oscilan entre cuatro meses y seis años y nueve meses de cárcel por delitos electorales, falsedad documental y delitos tributarios. Entre ellos, al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, a quien el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, impone una pena de cuatro años de prisión. En contra de la Fiscalía –que sólo instó la medida para el líder de la red corrupta, Francisco Correa, y los nueve empresarios arrepentidos que admitieron haber financiado a la formación con el pago de 1,2 millones–, el juez aplica la atenuante de confesión tanto a Costa como al número dos de Correa, Pablo Crespo (condenado a cinco años de cárcel), y a Álvaro Pérez «el Bigotes» (seis años y nueve meses de prisión, la pena más alta) , responsable de Orange Market, la empresa de la trama situada en el epicentro de la «caja B» del PP valenciano. El magistrado, sin embargo, absuelve al ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, para el que Anticorrupción solicitaba seis años y tres meses de cárcel.

El ex presidente Francisco Camps no se sentó en el banquillo, pero la Audiencia no pasa por alto las acusaciones de Costa en el juicio, quien aseguró que estaba al tanto de esa financiación irregular. Y aunque da a su confesión «una notable credibilidad y fiabilidad subjetiva», constata que los hechos ya han prescrito, por lo que es «jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguna al respecto». De su declaración como testigo y de la del ex vicepresidente Víctor Campos, el juez recuerda que «nada saben, nada recuerdan, nada reconocen».

En la sentencia se da por probado que el «grupo Correa» se implantó en Valencia a partir de 2003 con la finalidad de «aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política» en la comunidad autónoma. «Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008», los acusados integrados en el PP valenciano contrataron a Orange Market, buque insignia de la «Gürtel» en Valencia y pagaron sus servicios «de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros». Estos últimos eran los empresarios condenados, quienes por tener contratos con las administraciones públicas «no podían hacer donaciones al Partido Popular». Ellos se encargaron de abonar a Orange Market mediante facturas falsas los trabajos realizados por la empresa de la trama al PP en esas campañas (dos millones de euros en una treintena de actos electorales en 2007 y otros 801.810 en 26 actos en 2008).

Para la Audiencia Nacional, esos pagos de los empresarios constituyen «un soborno en diferido» al pagar gastos de campaña del PP regional para obtener contratos en el futuro, situándose en una situación «privilegiada», y casi «monopolística» y, al mismo tiempo, echando por tierra el «juego limpio electoral» que obliga a todos los partidos a financiarse legalmente.