La Audiencia investigará a Tardà por apoyar a Otegi

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu reabrir la investigación de un acto celebrado en enero de 2012 frente a la cárcel de Logroño en el que sus participantes, entre ellos siete diputados de Amaiur, reclamaron la libertad de Arnaldo Otegi.

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu reabrir la investigación de un homenaje a Arnaldo Otegi, celebrado a las puertas de la cárcel de Logroño el 28 de enero del pasado año, al apreciar «un cierto grado de relevancia penal» en dicho acto. En la concentración –secundada por cinco parlamentarios de Amaiur, ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna como Pernando Barrena y Rufi Etxeberria y el diputado de ERC Joan Tardà– se leyó un comunicado en el que se denunciaba que Otegi llevaba «837 días secuestrado por el Estado español» y se tildó de «héroe» al ex portavoz batasuno.

Andreu ordenó el archivo de la causa en marzo de 2012 basándose en un informe policial que no apreció indicios de delito, pero su decisión fue recurrida ante la Sala de lo Penal por Dignidad y Justicia (DyJ), la asociación que había denunciado el homenaje. Ahora, la Sección Segunda cree que el magistrado no debió archivar el procedimiento valiéndose únicamente de un informe policial, sino realizar una «valoración jurídica sobre los hechos denunciados» tras llevar a cabo un «estudio pormenorizado de los mismos». Por este motivo, el tribunal –integrado por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López–, tras apreciar que los hechos «objetivamente están revestidos de una relevancia penal», insta al juez a abrir diligencias para investigar si se produjo un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En la resolución, la Sala recuerda que en el homenaje se expresó «en público y ante los medios de comunicación convocados» que un condenado por delitos de terrorismo estaba «secuestrado tras los muros de una cárcel por el Estado español», calificándole de «héroe». «No cabe duda», concluyen los magistrados, de que «los hechos revisten un cierto grado de relevancia penal susceptible, como mínimo, de justificar una apertura de diligencias previas de investigación».

Para esclarecer lo ocurrido, la Sala insta al juez a recabar más información sobre el acto y a identificar a sus promotores. Al mismo tiempo, añade, debe analizarse el contexto en el que se produjeron esas expresiones y determinar también quiénes las profirieron.

Si el juez Andreu aprecia durante su investigación indicios de que Tardà o los parlamentarios de Amaiur (entre ellos Mikel Errekondo y Rafa Larreina) pudieron cometer un delito, debería remitir la causa al Tribunal Supremo por su condición de aforados.