La Audiencia investigará al embajador en Kabul

En el ataque talibán contra la legación española murieron dos policías nacionales.

La Audiencia Nacional investigará si hubo fallos de seguridad en la embajada de España en Kabul (Afganistán) que propiciaron el atentado con coche-bomba que el 11 de diciembre del pasado año costó la vida a dos policías nacionales y a diez afganos. El magistrado Santiago Pedraz ha admitido a trámite la querella interpuesta por la familia de uno de los fallecidos y varias víctimas contra el embajador Emilio Pérez de Ágreda y su entonces número dos en la legación diplomática, Oriol Solá, por dos delitos de homicidio imprudente y otros siete en grado de tentativa (tantos como heridos). Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha puesto su resolución en conocimiento de la Abogacía del Estado por si, a lo largo del procedimiento, pudiera derivarse la responsabilidad civil subsidiaria por parte de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores, como pretenden los querellantes.

Pedraz defiende la «evidente» competencia de la Audiencia para investigar los hechos al tratarse de un delito de terrorismo con víctimas españolas cometido en el extranjero «sin que exista procedimiento judicial en Afganistán». Para el magistrado, los hechos denunciados sobre la falta de seguridad en la embajada «tienen apariencia de infracción penal».

Los querellantes sostienen en su denuncia que, desde su construcción en 2008, la sede de la embajada en Kabul adoleció de carencias en materia de seguridad, con «riesgo para las vidas de los allí destinados», que se pusieron en conocimiento tanto del embajador como del Ministerio de Asuntos Exteriores. A partir de 2012, la seguridad se dejó en manos de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a la que cedieron el testigo los GEO (Grupos Especiales de Operaciones), redoblándose los informes sobre esas carencias. El edificio, situado fuera del perímetro de seguridad de Kabul, la llamada «zona verde» (donde se encuentra el domicilio del embajador), está situado «en un barrio rodeado de casas de militares y señores de la guerra».

Pérez de Ágreda, según los denunciantes, «nunca» atendió las reiteradas quejas sobre «las deficiencias de las estructuras ni las rutas y horarios del personal», manteniendo «un mutismo absoluto» ante Exteriores.

El día del atentado, el embajador estaba de vacaciones en España y estaba al frente de la legación diplomática el encargado de negocios de la embajada, Oriol Solá, quien «ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio», se denuncia en la querella.

«permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, consintiendo la entrada de coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras y otros enseres». Y «sin avisar con tiempo suficiente» a los responsables de seguridad para que procedieran a las tareas de identificación, añaden.

La misma mañana del atentado, recuerda el magistrado en su resolución, «se alertó por los servicios secretos franceses del riesgo de atentado contra la embajada española», lo que debería haber provocado «la toma extraordinaria de medidas de seguridad». Por la tarde, un coche-bomba se empotró contra los muros de la legación y tres asaltantes talibanes se introdujeron por un hueco abierto en la pared disparando a discreción hasta que fueron abatidos por soldados norteamericanos. En el atentado fallecieron los policías españoles Isidro Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela y otros siete resultaron heridos.