La Audiencia Nacional estudia la suspensión cautelar de las tasas judiciales

La Sección Séptima de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha abierto un plazo de alegaciones para decidir sobre la suspensión cautelar de las tasas judiciales pedida por el Colegio de Abogados de Orense.

Esta entidad colegial registró el pasado 28 de diciembre un recurso, admitido a trámite, en contra de la orden ministerial que aplica las tasas aprobadas por el Gobierno, y pidió la suspensión de la vigencia de la norma mientras se resuelve el recurso.

En vista de esa petición, la sección séptima ha abierto un plazo de alegaciones de diez días para que las partes aporten sus argumentos a favor o en contra de la medida, plazo que se cumple el próximo día 17, según han informado fuentes jurídicas.

Fuentes del Colegio de Orense han informado a Efe de que otras entidades colegiales se sumarán al recurso, aunque aún no se ha decidido cómo lo harán formalmente.

En el recurso del colegio gallego se pide la suspensión de la vigencia de la orden ministerial porque consideran que, de lo contrario, la demanda perdería su finalidad y se podrían producir "perjuicios graves de imposible o difícil reparación".

Para justificar esta ilegalidad, el colegio indica que la orden que aplica las tasas es nula porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos recogido en la Constitución.

Este derecho, afirma, se debe interpretar a la luz de los tratados internacionales suscritos por España y, en este sentido, indica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que las tasas deben ser proporcionadas y perseguir un objetivo legítimo, cuando para la entidad en realidad tiene un objetivo "eminentemente recaudatorio".

Además, el que sean una cantidad fija es, a su juicio, "una restricción desproporcionada del derecho a acceso a un tribunal", ya que no tiene en cuenta "las circunstancias particulares del asunto ni la capacidad económica de los justiciables".

"Al contrario, se ha diseñado un sistema de tasas que a todas luces vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, con total menosprecio por el lugar preeminente que éste ocupa en una sociedad democrática", añade.