La Audiencia rechaza el acercamiento al País Vasco de veinte presos de ETA

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de una veintena de presos contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de mantenerles en diferentes cárceles del territorio español. La Audiencia Nacional considera que no se han conculcado los derechos de comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, a la asistencia médica, a la cultura o la educación fundamentales de los recurrentes ni se ha contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"En este caso ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinaria, tanto a nivel nacional como internacional se ha producido, ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni de ningún otro", dicen los magistrados.

Entre otros argumentos, la Sala explica que en la actualidad, a la vista de los acontecimientos sociales como el cese definitivo de la actividad armada, la política de dispersión ha sido modificada, posibilitando "una especie de reagrupamiento controlado de los internos que han roto sus vínculos"con ETA, la denominada "Vía Nanclares", en referencia a la cárcel de Nanclares de Oca donde se encuentran presos que han expresado su disidencia con la organización terrorista.

Los etarras afectados son Francisco Mujika Garmendia "Pakito", Juan Antonio Olarra Guridi, Jesús Arcauz "Josu Mondragón", Francisco Javier Balerdi, Iñaki Cañas, José Miguel Echeandia, Sergio García Razquin, Francisco Javier Zabaleta, Germán Urizar, Miguel Angel Askisabar, Asier Uribarri, Luis Ángel Galarza, Javier Aramburu, Unai Fano, Garikoiutz Arrurt, Jesus María Altable, Ignacio Echevarria y Sebastián Echaniz.

En cuanto a las consecuencias que tiene esta dispersión para los familiares de los presos, los magistrados recuerdan que también hay que tener en cuenta "el respeto debido a la dignidad de las víctimas"de ETA, "que se vería quebrantado"si los etarras estuvieran en centros próximos, así como la seguridad de los funcionarios de prisiones, que han sido objetivo en el pasado de acciones de la banda.

"La concentración de presos de ETA en determinados centros penitenciarios perturbaría frecuentemente la seguridad de los mismos y obstaculizaría la reinserción social de aquellos otros que han optado por esta vía, dificultando su separación definitiva de la banda", aseguran.

El magistrado Ramón Sáez ha formulado un voto discrepante en el que sostiene que la cercanía, en ocasiones, a la familia y a los amigos "puede convertirse en un mecanismo de conexión con una realidad social cambiante que rechaza la violencia terrorista, lo que podría propiciar procesos de reflexión en clave de reconocimiento del daño causado a la víctimas".