Política

ETA

La Audiencia reclama a «Josu Ternera» dos millones de fianza

La juez María Tardón remite al país vecino un cuestionario para que interrogue al ex responsable de ETA.

La juez María Tardón remite al país vecino un cuestionario para que interrogue al ex responsable de ETA.

La Audiencia Nacional ha reclamado al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», una fianza de dos millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles en la causa en la que está procesado por crímenes de lesa humanidad. Cuatro días después de su detención en Francia, la magistrada María Tardón acordó el pasado lunes librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales del país vecino para intentar avanzar en los trámites procesales pendientes mientras «Josu Ternera» ha estado huido de la Justicia.

En esa orden europea de investigación judicial se solicita a Francia que le notifique el auto de transformación en sumario y la resolución en la que, en octubre de 2015, se acordó el procesamiento del etarra (la declaración indagatoria, un paso imprescindible para cerrar la investigación y poder juzgarle por estos hechos). Asimismo, solicita que se le tome declaración «conforme al pliego de preguntas que se adjunta», relacionadas según fuentes jurídicas con su supuesta responsabilidad en los asesinatos cometidos por la banda terrorista mientras era responsable de ETA (en el auto de procesamiento se le imputan dos atentados mortales). Tardón también requiere al etarra para que designe abogado y procurador en España a los efectos de notificar a su representación letrada las resoluciones que se adopten sin causarle indefensión y evitando así que el procedimiento –iniciado por una denuncia de Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas que preside Daniel Portero, por genocidio y lesa humanidad contra los ex jefes de la organización criminal– siga paralizado. En esa resolución, Tardón le da un plazo de 24 horas para prestar la fianza de responsabilidad civil.

En esa misma causa también están procesados otros tres antiguos dirigentes de la banda terrorista presos en Francia: Garikoitz Aspiazu, alias «Txeroki», Mikel Carrera Sarobe y Aitzol Iriondo. El pasado abril, la Justicia gala informó a la Audiencia Nacional de que «Txeroki», que se encuentra preso en el centro penitenciario de Arlés, cumple cuatro condenas por terrorismo que suman un total de 30 años y que extinguirá el 24 de enero de 2033. En cuanto a Carrera Sarobe, que se encuentra en la prisión de Sud Francilien, trasladó a la Audiencia que cumple dos penas de cadena perpetua y otras dos penas de 20 años de cárcel, por lo que no las cumplirá hasta el 24 de mayo de 2032. Por último, informó de que Iriondo, recluso del centro de Moulins-Yzeure, cumple varias condenas por terrorismo que suman 30 años de cárcel, por lo que su fecha de extinción de las mismas no se producirá hasta el 17 de febrero de 2025. Por tanto, la Audiencia Nacional debería solicitar la entrega temporal de «Josu Ternera» y de los otros tres ex jefes de ETA para sentarlos en el banquillo.

«Los máximos dirigentes de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado, lo que aparece con alta probabilidad respecto de atentados de especial significación», aseguraba el juez Juan Pablo González en el auto de procesamiento, que limita la imputación al delito de lesa humanidad y solo a partir de octubre de 2004, cuando se incorporó a nuestro Código Penal.

«Josu Ternera» tiene otras dos causas pendientes en la Audiencia Nacional. Está investigado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, uno de los más sangrientos de ETA, en el que murieron once personas, cinco de ellas niños, y por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Luis María Hergueta, directivo de Michelín en Vitoria, de dos tiros en la nuca, el 25 de junio de 1980. Por último, en el sumario de Batasuna, que indagó en la financiación de la formación abertzale a través de las «herriko tabernas», se le imputa un delito de integración en organización terrorista.