La decisión de extradición de Puigdemont, un paso mas, pero no el último

La decisión de extraditar a Carles Puigdemont sólo por malversación y no por rebelión, frente al criterio de la fiscalía y el Tribunal Supremo español, es un paso clave en el proceso legal, pero en absoluto el último.

La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont sólo por malversación y no por rebelión, frente al criterio de la fiscalía y el Tribunal Supremo español, es un paso clave en el proceso legal, pero en absoluto el último.

EUROORDEN.

El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español reactivó el 23 de marzo la Orden Europea de Detención y Entrega (euroorden) contra Puigdemont cuando el líder independentista se encontraba en Finlandia.

Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde que huyó a Bélgica en octubre pasado, estaba procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

DETENCIÓN. La policía alemana, en cumplimiento de la euroorden, detuvo a Puigdemont el 25 de marzo poco después de que cruzara su frontera con Dinamarca en su camino hacia Bélgica, y lo condujo a la prisión de Neumünster.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. El lunes 26 de marzo, el juzgado de primera instancia de Neumünster determinó que Puigdemont debía permanecer en prisión de forma provisional.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General del estado federado de Schleswig-Holstein estudiaba el caso, sin pronunciarse sobre el fondo de la petición española.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA. Tras nueve días de análisis, la Fiscalía presentó el 3 de abril, ante la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, un escrito en el que pidió que Puigdemont fuese extraditado a España por malversación de fondos públicos y rebelión, delito este último que consideró equiparable al de alta traición del Código Penal alemán.

La Fiscalía solicitó además que el político permaneciera en prisión por riesgo de fuga.

PRIMERA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA. La Audiencia Territorial descartó el 5 de abril el cargo de rebelión y decretó la libertad bajo fianza de 75.000 euros de Puigdemont, que había permanecido doce días en la prisión de Neumünster.

AMPLIACIÓN DE LA EUROORDEN. El juez Pablo Llarena envió abundante documentación nueva a la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, y planteó la posibilidad de que, en lugar de por un presunto delito de rebelión, se le extraditase por alteración del orden público.

SEGUNDA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA. La Audiencia de Schleswig-Holstein mantuvo su rechazo el 22 de mayo a la inclusión del cargo de rebelión en el proceso de extradición, en contra del criterio de la Fiscalía, que lo había solicitado el 9 de mayo.

INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALÍA. El 1 de junio, la Fiscalía de Schleswig-Holstein mantuvo, en un nuevo escrito a la Audiencia Territorial, la petición de extradición por rebelión y malversación, siguiendo la argumentación española.

Además, insistió y solicitó de nuevo que el líder independentista ingresara en prisión por considerar que persistía el riesgo de fuga.

DECISIÓN FINAL DE LA AUDIENCIA. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decidió hoy finalmente la extradición de Carles Puigdemont, aunque sólo por el cargo de malversación y descartando el de rebelión, en contra de lo solicitado por la fiscalía y el juez Pablo Llarena y confirmó que puede seguir en libertad.

RECURSO DE LA DEFENSA. No cabe recurso de la fiscalía ante la decisión de la audiencia, pero la defensa de Puigdemont sí que puede apelar a una instancia superior. Cabría un recurso ante el Tribunal Supremo o, como ya indicó el equipo alemán de abogados, una iniciativa ante el Tribunal Constitucional

El TC confirmó a Efe a través de su viceportavoz, Jennifer Holm, que es teóricamente posible que la defensa de Puigdemont presente un recurso siempre que argumente la "violación de derechos fundamentales". El Constitucional tendría la potestad de dejar temporalmente sin efecto el fallo de la Audiencia mientras estudia el caso.

AUTORIZACIÓN POLÍTICA. El estado federado de Schleswig-Holstein y, más concretamente su ministerio de Justicia, tiene en sus manos la autorización final de la extradición.

Este paso es meramente formal, pero la defensa alemana de Puigdemont ya ha exigido al Ejecutivo que, llegado el caso, pare el proceso. A su juicio, dada su relevancia, debería ser la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, y no la responsable de esta cartera en Schleswig-Holstein, quien tuviese la última palabra. Efe