«La declaración de soberanía debe ser anulada»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se pronunció ayer en relación al debate en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso que presentó el Gobierno contra la declaración de soberanía que aprobó el Parlamento de Cataluña a principios de 2013. Sin entrar en las cuestiones internas del Alto Tribunal, por respeto a la independencia de poderes, el Gobierno sí se ratificó en los motivos que le llevaron a elevar este recurso contra una declaración que consideran que tiene efectos jurídicos y que cuestiona la soberanía del pueblo español.

«La declaración debe ser anulada», afirmó Sáenz de Santamaría. El Gobierno recurrió esa declaración a través de la Abogacía del Estado, y el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso en mayo del año pasado, lo que conllevó la suspensión provisional del pronunciamiento de la Cámara autonómica. El argumento del Ejecutivo ante el Constitucional fue que en la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña», aprobada por el Parlamento catalán, se sostiene que el pueblo catalán es soberano y esto choca de lleno con la Constitución, en la que se establece que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español.

Desde Moncloa recordaron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está cumpliendo con su obligación y su deber de llevar ante el TC todas aquellas cuestiones o decisiones que entiende que no se ajustan a la Carta Magna. Y que a este mandato se seguirá ajustando en el futuro: Ley y Constitución.

En relación a la cuestión sobre la declaración de soberanía catalana, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría también reprochó a la Generalitat de Cataluña que no actúe como Gobierno de todos los catalanes, sino sólo en nombre de los intereses del partido, y que «desinforme», en lugar de informar, sobre las consecuencias el proceso independentista que propugna. En concreto, se refería al informe «Estrechar lazos en libertad», con el que la Generalitat catalana ha respondido a la información que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de José Manuel García-Margallo ha trasladado a las embajadas españolas en todo el mundo sobre los efectos de la independencia de Cataluña.

«Las consecuencias de este proceso son tan graves que los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España deben saber lo que este proceso supone. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno», concluyó, tras recalcar que el Ejecutivo del Gobierno simplemente está informando, tanto en el exterior, como dentro de España, sobre las consecuencias constitucionales, económicas e internacionales del camino por el que CiU y ERC quieren llevar a Cataluña. Esta estrategia ha marcado el arranque de 2014 y continuará siendo la hoja de ruta para los próximos meses en los que en Moncloa dan por hecho que Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, intentará mantener y agrandar la tensión con la capital española. «Pedagogía, moderación y ley», sostienen ante el futuro.