La defensa de Urdangarín no ve motivos para ninguna fianza

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha presentado un recurso contra el pago de la fianza de 8,1 millones de euros que debe pagar junto a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres.

«En el caso de que el importe definitivo de responsabilidad civil provisional siguiera siendo de 8.189.448,44, se produciría adicionalmente un enriquecimiento injusto para los beneficiarios de dicha cifra y un consecuente injusto empobrecimiento para mi mandante –Iñaki Urdangarín– y otros, ya que se verían abocados a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda Pública (IVA, IRPF) como a proveedores y trabajadores relacionados, bien con los Congresos de Baleares bien con los de Valencia». Ésta es la conclusión final del recurso de reforma interpuesto por la defensa del duque de Palma, ejercida por el abogado Mario Pascual Vives, contra la decisión del juez que investiga el «caso Nóos», José Castro, de imponer esa fianza de forma solidaria a Iñaki Urdangarín y a su ex socio Diego Torres, quien también recurrió ayer esa decisión.

En caso de que la misma fuese confirmada, «cantidad que resulta desproporcionadamente excesiva», la defensa es consciente de que el duque de Palma tendrá serias dificultades para hacer frente a la misma. De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico sostienen que no dispone de esa cantidad en metálico, ni siquiera aproximada, por lo que tendría que procederse al embargo del 50 por ciento de su casa de Pedralbes y de la misma proporción respecto a las acciones de Aizoon, de la que es cotitular su mujer, la Infanta Doña Cristina.

La defensa de Urdangarín sostiene que no ha de imponerse ninguna fianza por posibles responsabilidades civiles a su patrocinado, al entender que no incurrió en delito alguno, aunque de forma subsidiaria se sostiene que la cantidad «ofrecida unilateral y alternativamente» por el fiscal, acción popular y acusación particular, 5,9 millones «resultaría más equitativa». En el recurso, además de incidir en que no hay motivos que justifiquen esa fianza, la defensa no tiene dudas de que en el auto donde se fija la misma se ha vulnerado el derecho de defensa por parte del juez, al entender que en esa resolución el magistrado «ha procedido a confeccionar las bases fácticas para poder acomodar, a deshoras, las bases fácticas» para poder llegar a la apertura de juicio oral.

Delito «ex novo»

Además, también denuncia la inclusión «parcial, sesgada y fuera de plazo, del contenido de determinados documentos, cuya elección o rechazo de otros, también ha sido subjetiva, así como la de parte de determinadas declaraciones de testigos y/o imputados, bien en sede policial o judicial, algunas incluso emitidas recientemente».

Pero el reproche más importante es la denuncia de que el juez, en su opinión, ha imputado «ex novo» un nuevo delito a Urdangarín en el auto donde fija la fianza de 8,1 millones, el de tráfico de influencias. «De nuevo se produce», afirma en este punto, una «nueva vulneración» del derecho de defensa. De hecho, entiende que conforme avanza la causa «se van buscando nuevos delitos: ahora el de tráfico de influencias, hace poco el de blanqueo de capitales y el fiscal».

Por otro lado, el abogado de Urdangarín considera del todo «inverosímil» la afirmación del juez Torres de que las distintas administraciones con las que firmó contratos el Instituto Nóos se sometían «a la voluntad» del duque de Palma y de Diego Torres. Aceptar tal tesis, añade al respecto, supone dotarles de un «poder de sujeción a la Administración de tal magnitud» que ésta se veía obligada a aceptar «sin rechistar» el tipo de contratos, importes, etc, que les ofrecían.