La demanda contra el magistrado del «procés» podría declararse nula

Fuentes jurídicas creen que el juez belga tumbará la denuncia y apuntan a un presunto delito procesal.

La demanda civil que el ex president de Cataluña, Carles Puigdemont, ha interpuesto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena –el instructor del «procés»– contiene un error de traducción al francés –intencionado o no– en torno a las palabras de éste sobre los investigados por el 1-O, que ahora podrían suponer un nuevo giro en la batalla que el mundo independentista encarna en contra del magistrado.

Según ha podido saber este diario, el hecho de que se haya detectado un error de traducción por parte de la defensa de Puigdemont en las declaraciones de Llarena puede conducir a que la vista que se celebrará el próximo 4 de septiembre en Bélgica pueda resultar nula, es decir que cabe la posibilidad de que el juez belga encargado del caso no admita a trámite el procedimiento civil interpuesto por el político independentista. Según asegura el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arriba, «la falta de credibilidad por el error en la traducción, produce que la demanda sea rechazada». Además, apunta, este error puede ser también objeto de persecución penal para, incluso, el abogado de Puigdemont, puesto que si la defensa hubiese obrado de manera intencionada, se podría tipificar la comisión de un presunto delito de estafa procesal, tipificado en la legislación

española en el artículo 250- 1.7 del Código Penal.

Este artículo atribuye como autores de una estafa procesal a aquellos que en un «procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero».

El fallo que pesa ahora sobre el abogado de Puigdemont radica en que Llarena descartó que los procesados por el 1-O estuviesen siendo investigados por motivos políticos, sino por referéndum ilegal. Sin embargo, la defensa mantiene en su traducción que el magistrado sí afirmó que los líderes independentistas fuesen «presos políticos». Este fallo será subsanado, según explicó ayer el letrado Gonzalo Boye, coordinador de la defensa de los políticos independentistas, pero la rectificación puede llegar tarde para la suerte del ex president.

Otras fuentes jurídicas aseguran a LA RAZÓN que el abogado que designe el Gobierno para defender al magistrado del Tribunal Supremo debe alegar «cuanto antes» el archivo de la denuncia civil. «Aquí hay algo que impide que la demanda siga adelante», aseguran.

Ante la posibilidad de que el juez belga admita la demanda contra Llarena, la plataforma de juristas Movimiento24Dos anunció que presentará una querella por prevaricación y usurpación de funciones públicas ante los tribunales españoles contra el juez belga encargado de investigar la demanda civil contra el magistrado español.