La Fiscalía advierte a Torrent si se reitera en la independencia

Es una «ilegalidad manifiesta que no puede ser desconocida» por quienes la promueven

La decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite una enmienda de la CUP para que la Cámara «se reafirme y reitere la declaración de independencia» proclamada el 27 de octubre, puede acarrear serias responsabilidades penales a quienes con su voto lo han decidido, si se tramita y se vota en el Pleno de hoy. De hecho, la Fiscalía no ha tardado en advertir de que se trata de «conductas cuya ilegalidad manifiesta no puede ser desconocida por quienes la promueven y apoyan». Es decir, por la CUP, el presidente de la Mesa, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa que avalaron tramitar la enmienda de los antisistema.

De esta forma, y dada «la extrema gravedad de tal iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional», el Ministerio Público advierte de que ya está estudiando «las posibles implicaciones penales».

Y, a la vez, avisa también de que seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes «para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudiera incurrirse».

La Abogacía del Estado también estudia si puede haber responsabilidad por la admisión a trámite de la enmienda de la CUP. «El Gobierno velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora. Y seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Cataluña, en tanto en cuando no haya un presidente elegido de acuerdo con la Ley y el reglamento del Parlamento», señalaron al respecto fuentes próximas a los Servicios Jurídicos del Estado.

Y todo ello porque el TC, el pasado mes de octubre, cuando suspendió la resolución en la que se contenía la Declaración Unilateral de Independencia, ya advirtió a la Mesa de que no podía tramitarse ninguna iniciativa en la línea de proclamar la independencia de Cataluña saltándose la legalidad.

La duda que se plantea es que los actuales integrantes de la Mesa no fueron advertidos en su día de forma expresa de las responsabilidades de tramitar una iniciativa como la admitida a trámite. Sin embargo, ello no impedería actuar contra quienes sí recibieron aquella notificación de forma expresa y ahora vuelven a avalar una iniciativa similar a la suspendida.

El Tribunal Constitucional, por su parte, actuará una vez que la enmienda se vote y, en su caso, se apruebe y se plasme en alguna resolución del Parlament. «Con carácter preventivo, el tribunal no actúa», señalaron al respecto fuentes jurídicas a este diario. En ese momento, si llega a producirse, será cuando la Abogacía del Estado la impugne y el Alto Tribunal la suspenda, con advertencia, además, de posibles reponsabilidades incluso de carácter penal, a quienes hayan secundado tal iniciativa.