La fiscalía cuestiona la imparcialidad de la administración penitenciaria de Cataluña para “evaluar” y clasificar a los juzgados por el “Procés” si son condenados

Expresa igualmente su inquietud por el hecho de que las autoridades han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de estos procesados “por delitos muy graves”, a los que consideran “presos políticos”

La Fiscalía General del Estado ha mostrado ya su inquietud ante la posibilidad de que los procesados por el “Procés” sean finalmente condenados por el Tribunal Supremo y corresponda a las autoridades penitenciarias de Cataluña las que tengan que evaluarles y, por consiguiente, clasificarles en el correspondiente grado penitenciario. Este aspecto es esencial, toda vez que de ello dependerá el régimen de vida que lleven en la prisión: ordinario, tercer grado o segundo grado pero con características del régimen abierto.

En la Memoria Anual de la Fiscalía, presentada con motivo de la apertura del año judicial, se señala cómo el año pasado, según expuso el Ministerio Público de Barcelona, la estancia en las prisiones catalanas de Lledoners y Puig de les Basses -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixar en la primera de ellas y Carmen Forcadell y Dolors Bassaen la segunda- ha producido «distintas situaciones anómalas, como la existencia de manifestaciones, como mínimo semanales, delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados dichos presos, más en concreto en el Centro Penitenciario de Lledoners y el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, así como una anormal presencia de autoridades no penitenciarias en dichos centros».

Y, junto a ello, expresa su inquietud la Fiscalía por el hecho de que las autoridades de la Generalitat de Catalunya, incluido el actual Director General de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de estos procesados “por delitos muy graves”, a los que consideran «presos políticos». Tales manifestaciones, se añade al respecto, “pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la Administración Penitenciaria de Cataluña cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados». Es decir, a la hora de clasificarles en el correspondiente grado penitenciario, aunque sea decisión pueda ser posteriormente recurrida por el Ministerio Fiscal si no la considera ajustada a Derecho.