La Fiscalía de la Audiencia considera que sí se puede investigar a quienes instan a pitar al himno

Frente al criterio de algunos jueces, cree que se deben «exigir responsabilidades penales»

Los ecos de las pitadas al himno de España en una final de la Copa del Rey ya han llegado en otras ocasiones hasta los tribunales. Siempre con el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao como protagonistas, la final del pasado año y la de 2009 terminaron en manos de magistrados de la Audiencia Nacional. En 2009, el juez Santiago Pedraz amparó los silbidos en la libertad de expresión –en aquella ocasión con el respaldo de la Fiscalía– al no considerar esas actuaciones «difamatorias, injuriosas o calumniosas». Para el juez Pedraz –a quien avaló posteriormente la Sala de lo Penal–, los silbidos al himno en la final celebrada en Mestalla el 13 de mayo de ese año no propugnaron el odio nacional ni el ultraje a España, como defendía la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).

En la final de 2015 se repitieron los pitos, esta vez en el Camp Nou, y a la Audiencia Nacional llegó una nueva denuncia por injurias al Rey y ultraje a España, respaldada de nuevo por VOX y, ahora, también por Manos Limpias. El juez Fernando Andreu ha archivado por dos veces los hechos, pero las diligencias siguen abiertas después de que, el pasado día 11, la Fiscalía solicitara al magistrado la práctica de nuevas diligencias después de que el magistrado zanjara el asunto al recordar que ni a los dos clubes ni a las entidades que promovieron la pitada se les pueden imputar esos delitos dada su condición de personas jurídicas.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que «se puede y se debe exigir responsabilidades penales por su actuación» a las personas que impulsaron esa pitada en la final del pasado año. Por eso, la fiscal Ana Noé reclama al magistrado que cite a declarar como investigados a los responsables «de las entidades y asociaciones que redactaron y firmaron el manifiesto contra el Rey y el himno nacional y procedieron al reparto de los medios necesarios para su ejecución» (los miles de silbatos que se distribuyeron a los aficionados a las puertas del estadio «para hacer más sonora la protesta» contra la presencia del soberano y la interpretación del himno). Y es que el auto del juez Andreu archivaba las actuaciones respecto a las entidades denunciadas, entre otras Catalunya Acció, Plataforma per el dret a decidir; Ara o Mai, Sobirania i Progrés y Catalunya diu prou.

Asimismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al instructor que preguntase a la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte si los hechos habían sido objeto de sanción en vía administrativa «y respecto a qué entidades».

Por último, el departamento que dirige Javier Zaragoza instaba al juez Andreu a pedir al Barcelona, «como responsable de la seguridad del campo», que informe si autorizó el reparto de los silbatos e identifique «a los responsables de la seguridad en este evento».