La Fiscalía instará a la Cámara navarra a no inmiscuirse en el «caso Alsasua»

La Fiscalía responderá por carta a las quejas del Parlamento navarro pidiéndole respeto a la división de poderes.

En la Audiencia Nacional no ha sentado nada bien la iniciativa del Parlamento navarro de remitir al tribunal y a la Fiscalía General del Estado la declaración institucional aprobada por la Cámara foral el pasado noviembre –con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra– en la que criticaba la actuación judicial respecto a los nueve jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en la madrugada del pasado 15 de octubre. En esa resolución, los parlamentarios cuestionaban la detención de los jóvenes y la calificación de los hechos como un delito de terrorismo y exigían la «inmediata puesta en libertad» de los siete encarcelados.

Fuentes jurídicas expresaron su malestar por el intento del Parlamento autonómico de interferir en la instrucción del caso y aseguraron que esta misma semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto responder por carta a la Cámara navarra, instándole a respetar la división de poderes y a no inmiscuirse en el procedimiento intentando condicionar las decisiones judiciales.

Según esas mismas fuentes, la magistrada Carmen Lamela tiene previsto practicar la próxima semana las declaraciones indagatorias en las que comunicará a los nueve investigados su procesamiento –acordado el pasado 22 de noviembre– por un delito de terrorismo en concurso con delitos de atentado, lesiones y provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos.

La resolución institucional del Parlamento navarro manifestaba su «desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo», que puede acarrear para los imputados unas penas que califican de «desproporcionadas». Además de instar a la Audiencia Nacional a devolver la causa a los juzgados de Pamplona, la Cámara foral rechazaba también las detenciones practicadas y el encarcelamiento de los siete jóvenes, una medida que consideran «injustificada e innecesaria», dado que «no concurre riesgo de fuga».

En su auto de procesamiento, Lamela sostenía que los investigados «conocían con anterioridad la condición de guardias civiles» de los agentes agredidos, «siendo ésta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados».