La Fiscalía pedirá que la causa contra Trapero se extienda al 1-O

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará ampliar la investigación por sedición sobre el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre a los hechos ocurridos con motivo de la celebración del referéndum del 1-O, en la causa en la que está imputado el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará a la magistrada Carmen Lamela, aunque no con carácter inmediato, que la investigación contra el mayor de los Mossos y los líderes soberanistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez se amplíe hasta el 1-O. Ése fue, precisamente, uno de los reproches que hizo la juez al Ministerio Público en el auto en el que el pasado lunes acordó la libertad de Josep Lluís Trapero. Lamela dejo claro que su decisión de no acceder a la prisión incondicional que reclamó el fiscal la tomó teniendo en cuenta únicamente su actuación en los disturbios de los pasados 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía durante los registros policiales, porque la Fiscalía no había solicitado la ampliación de los hechos investigados. Algo que, según indicaron fuentes fiscales, sí piensa hacer ahora –bien a través de una nueva denuncia o de la ampliación de la que ya presentó contra Trapero y el resto de investigados– en busca de apuntalar los indicios por sedición en la actuación del mayor de los Mossos. Unos indicios que, a día de hoy, la instructora no ve «suficientemente perfilados».

Asimismo, la Fiscalía tampoco arroja la toalla después de que Lamela rechazara su petición de prisión sin fianza para Trapero. De hecho, según esas mismas fuentes, está «estudiando si jurídicamente es factible» recurrir la resolución en la que Lamela acordó a libertad con medidas cautelares del jefe de la Policía autonómica.

Al margen de esa iniciativa, se espera que la Fiscalía solicite a la magistrada nuevas imputaciones, todavía sin precisar, a tenor del informe de la Guardia Civil en el que se identifica a otras personas que, presumiblemente, participaron en la estrategia soberanista de impedir los registros policiales en las sedes de las consejerías o de no permitir a los agentes cumplir el 1-O la orden judicial de cerrar los colegios y retirar las urnas.

Más complicado resulta imputar en la causa a los organismos soberanistas que presiden «los Jordis», ANC y Òmnium Cultural, apuntan esas mismas fuentes, que recuerdan que no se puede imputar un delito de sedición a una persona jurídica. No obstante, añaden, sí se podría instar su imputación –que podría abrir la puerta a una hipotética suspensión de actividades por un periodo de dos años– si se utilizasen «con fines fraudulentos para fines ajenos a la organización».

La existencia o no de motivos para enviar a prisión a Trapero no es la única discrepancia entre la Fiscalía y Lamela, que en su resolución asegura que el mayor de los Mossos se enfrenta a una pena máxima de diez años de cárcel. La Fiscalía, por contra, cree que ese tope es de 15 años al tratarse de una persona «constituida en autoridad».