La Fiscalía ve «inútil» pedir a Fomento los contratos con las empresas del caso

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reclame al Ministerio de Fomento los contratos firmados en los últimos 22 años con 12 empresarios que, según los papeles de Bárcenas, donaron dinero al PP. En un escrito remitido al magistrado el día 23, el fiscal Antonio Romeral rechaza la petición efectuada por el Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans, personado como acusación popular, por considerarla «inútil» e «impertinente» para el objeto de la investigación. La petición, realizada el día 5, se hacía extensiva a «la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos» de 1990 a 2012 entre el ministerio y las sociedades relacionadas, sus predecesoras, sucesoras, subsidiarias y empresas participadas.

Por si fuera poco, el Ministerio Público entiende que pedir toda esa ingente cantidad de información (más de 2.000 expedientes, según sus cálculos) resultaría «perjudicial» para la instrucción del procedimiento, dado que requeriría del empleo de «numerosos funcionarios», lo que acarrearía un «retraso en la instrucció por un tiempo no definido pero desde luego superior al año, en el mejor de los casos». Una iniciativa así, subraya, sólo estaría justificada si se apreciaran «indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos» y hubiese posibilidad de obtener elementos incriminatorios.

Además, Anticorrupción recuerda que los años comprendidos entre 1990 y 2002 son ajenos a la investigación y, en todo caso, están prescritos. Del mismo modo, añade que, respecto a cada una de las empresas afectadas, también están al margen de las pesquisas aquellas fechas en las que no existen anotaciones contables de supuestos pagos en los papeles de Bárcenas.

Romeral aprecia un «planteamiento incoherente» en la acusación popular, representada por el letrado Gonzalo Boye, por solicitar «una investigación prospectiva» limitada únicamente a Fomento y no a otros ministerios, sin explicar los motivos. El fiscal también afea al Observatori que no detalle qué datos concretos se requieren».

Por último, Anticorrupción hace hincapié en que Ruz espera del informe de la Intervención General del Estado sobre las adjudicaciones a los empresarios querellados por parte del PP, que deberá arrojar luz respecto a «la conexión» que pudiera existir entre aquéllas «y las presuntas donaciones realizadas por las empresas beneficiarias». A la vista de sus conclusiones, subraya, se solicitarán en el futuro otros datos y documentos «de forma ordenada y coherente» si resulta procedente.

Confirman la fianza del ex tesorero

La Audiencia confirmó ayer la fianza de 43,25 millones de euros en concepto de responsabilidad civil que el juez instructor, Pablo Ruz, impuso al ex tesorero del PP en julio, al entender que existen «serios indicios» de delito en su contra. Así consta en un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se califica de «absurdo e incoherente» el argumento de la defensa de Bárcenas de que no es el «momento procesal oportuno» para establecer esta medida.