La Guardia Civil rastrea en qué empresas receptoras de fondos de formación está UGT

La Guardia Civil rastrea, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), qué empresas de las que recibieron subvenciones para la formación por parte de la Junta de Andalucía están participadas por la Unión General de Trabajadores y cuáles no tienen nada que ver con el sindicato, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se trata de un tema importante y las pesquisas se llevan con el mayor sigilo, ya que las diligencias correspondientes han sido declaradas secretas por la juez Mercedes Alaya. Posibles irregularidades en fondos públicos, especialmente de la Junta de Andalucía, rodean a UGT. A este respecto, las fuentes consultadas no han ocultado su preocupación por el hecho de que asuntos que no están aún judicializados aparezcan todos los días en los medios de comunicación, ya que esta circunstancia va a perjudicar las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad, en este caso la Guardia Civil. Las entidades que hayan podido cometer irregularidades, o incluso delitos, ya saben que, tarde o temprano, van a ser investigadas de manera oficial y cuentan con tiempo suficiente para preparar coartadas, hacer desaparecer pruebas, de lo que se puede culpar a terceros, etcétera. Y todo ello en perjuicio de la investigación judicial.

El punto de arranque de esta nueva línea de investigación de la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla es un auto fechado el pasado 12 de septiembre. Alaya dedujo nuevas diligencias tras examinar un atestado de la Guardia Civil relativo a la «Operación Heracles» de los ERE. La magistrada percibió nuevos hechos que «pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales, así como la constatación de nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa –ERE–». La conexión de esta nueva línea con los ERE la desveló LA RAZÓN el 18 de septiembre, a las 24 horas de que trascendiera el auto de Alaya, al informar de que UGT Andalucía había pagado ocho millones de euros a una de las empresas pantalla que usó el «conseguidor» Juan Lanzas dedicada a los cursos de formación. Precisamente, el atestado que contenía los pagos de UGT-A a la empresa de Lanzas era el mismo que citaba Alaya en su auto: las diligencias policiales 33/2013.

Concretamente, Planificación, Cooperación y Desarrollo (PCD) y Círculo Empresarial para la Formación han sido proveedores habituales de UGT-A ejerciendo de subcontratas para la impartición de cursos. Las dos, a su vez, contribuyeron a introducir en el circuito financiero dinero procedente de las sobrecomisiones pagadas por la Junta a través de varias empresas pantallas del entramado societario de Lanzas: Travol 2007, Servicios Inmediatos de Andalucía y Conexión en reparto. La Guardia Civil llamó la atención sobre «las importantes operaciones comerciales» que PCD mantuvo con el sindicato UGT y varias de sus federaciones. Entre 2000 y 2010 PCD declaró ingresos del sindicato que se elevaron a 7.935.509,37 euros, la mayoría de su cuenta de resultados. Juan Lanzas estuvo dado de alta en PCD en 2002, justo después de dejar su cargo ejecutivo en la UGT. También lo puso en nómina Círculo Empresarial para la Formación. La causa ahora se ensancha. Tras inhibirse la Audiencia Nacional a favor del juzgado de Alaya por las presuntas irregularidades de UGT en cursos de formación y otras partidas finalistas, la magistrada tiene el terreno expedito para profundizar en las diligencias. Dos cabos principales atan la madeja. Uno, los mencionados pagos de UGT a empresas relacionadas con el «holding» de blanqueo de Lanzas. Y dos, el presunto desvío de fondos públicos de la Junta y otras irregularidades contables que afectan a cursos de formación. La Junta, de entrada, ya ha declaradas nulos dos expedientes que se elevan a 1,8 millones de euros. Quedan otros 15 para completar el primer rastreo. El dinero manejado en cursos de formación supera con creces al de la ya célebre partida 31.L de los ERE. En la década investigada entre 2001 y 2010, el «fondo de reptiles» rondó los mil millones incluyendo intereses y partidas sin cobertura presupuestaria. En ese mismo periodo la Junta dedicó a formación unos 4.000 millones de euros. UGT fue, junto a CC OO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), uno de los principales receptores de estos fondos. Hay documentación que apunta a que UGT-A y un amplio conglomerado de entes afines pudieron incurrir en cobro de comisiones abusivas por subcontratar cursos, desvío de dinero para gastos internos o a irregular implementación de los cursos.