La Guardia Civil se incauta de los correos de los «Jordis»

Registran las sedes de la ANC y Òmnium por los incidentes del 20-S.

Agentes de paisano de la Guardia Civil se personaron ayer, por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat y en las sedes de las organizaciones independentistas Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), con el fin de recabar determinadas informaciones, entre ellas los correos electrónicos del fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En concreto, en las sedes de ANC y Òmnium, los agentes acudieron a los despachos de los dirigentes de ambas asociaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que se encuentran en prisión, con el fin de volcar de los ordenadores de ambos una serie de correos.

Durante la formalización de los requerimientos estuvieron presentes sendos letrados en representación de los «Jordis».

Con el fin de evitar lo ocurrido en su día en la Consejería de Economía de la Generalitat, Òmnium, a través de Twitter, lanzó un mensaje en el que señalaba que la actuación de la Guardia Civil se desarrollaba de forma tranquila al tiempo que pedía que nadie se desplazase a la zona.

Precisamente, uno de los motivos por los que están en la cárcel son los citados incidentes que se registraron el 20 de septiembre.

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, informó de que la entrada de la Guardia Civil era para volcar los correos del expresidente de la entidad, Jordi Sánchez, «hasta la fecha de su encarcelamiento».

En Òmnium Cultural se procedió al volcado del correo electrónico de su presidente, Jordi Cuixart, entre mediados de abril de 2016 y finales de octubre de 2017.En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente de la asociación, Marcel Mauri, explicó que no se trataba de un registro y que los guardias no entraron en el despacho de Cuixart, sino que esperaron en una sala a que los técnicos informáticos de Òmnium les proporcionaran los datos requeridos.

Por lo que se refiere al CTTI, la Guardia Civil requirió el volcado de los correos electrónicos del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont; los ex consejeros de su Gobierno (algunos de los cuales están fugados en Bruselas), la Mesa del Parlament de la anterior legislatura y de los representantes de los grupos parlamentarios.