La industria de Defensa, preocupada por el recurso contra el crédito para armamento

El pasado viernes, los grupos parlamentarios de PSOE, Izquierda Plural y UPyD presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el crédito extraordinario aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto para atender al pago de los programas especiales de armamento (PEA). Se trataba de 883,6 millones destinados a programas como el del caza Eurofighter (430,5 millones), el avión de transporte A-400M (143 millones), los blindados Pizarro (55), los helicópteros de ataque Tigre (144,2), el misil Spyke (22,8) y los helicópteros NH90 (85,8) y EC135 (2 millones). Sin embargo, para los grupos de la oposición, el Gobierno “engaña” con los Presupuestos del Ministerio de Defensa, ya que durante los últimos años han requerido de créditos extra para estos programas.

Y ahora, las empresas de Defensa integradas en la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) han mostrado su “preocupación por las consecuencias financieras -nacionales e internacionales. que puede acarrear el recurso”.

A través de un comunicado, recuerdan que el Ejecutivo diseñó en 2012 un plan de reprogramación de los programas de armamento para, “adaptándose a la contención de gasto impuesta por la crisis”, poder “dar continuidad a los programas”. Según aseguran, las empresas asumieron ese nuevo calendario de pagos con “realismo” y “gran esfuerzo”.

Al tratarse de un sector que contribuye con el 0,5 por ciento del PIB y genera 20.000 puestos de trabajo directos, no han dudado en reconocer que hay cierta “inquietud”, debido a que “podría quedar en el aire la alternativa para el pago de unos productos que ya se han entregado”.

De hecho, desde TEDAE aseguran que “no cuestionamos el tipo de normativa que deba contemplarla”, pero hacen hincapié en que “lo que necesitamos del Estado y las administraciones es continuidad y claridad”, algo que exigen “los largos procesos de inversión, desarrollo y amortización de nuestros productos y servicios”. Por ello, reclaman la necesidad de poder contar con la “certeza de que los productos y servicios que se compren, se puedan pagar en un escenario previsible”.

Un recurso éste que, recuerdan, “llega en un momento en el que las empresas del sector están preparándose para un nuevo ciclo inversor anunciado por el Ministerio de Defensa”