La juez Alaya pide la imputación de Chaves y Griñán por el «caso ERE»

La jueza que instruye el caso de los ERE llega a la cúspide de la pirámide –según su propia terminología– después de más de dos años y medio desde que abriera el caso.

La jueza que instruye el caso de los ERE llega a la cúspide de la pirámide –según su propia terminología– después de más de dos años y medio desde que abriera el caso. Alaya, a través de un auto fechado ayer mismo y consultado por este periódico, pide la imputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de los ex consejeros del Ejecutivo autonómico José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Antonio Ávila. Los tres últimos fueron nombrados por el propio ex presidente Griñán y se sentaron con él en el Consejo de Gobierno. No entra a fondo en los posibles hechos delictivos. Sólo habla de forma genérica de posibles delitos de prevaricación y malversación, «entre otras». El caso acumula 123 imputados.

El auto de Alaya se conoció a la misma hora en la que el nuevo Ejecutivo de Susana Díaz estaba jurando su cargo en el Palacio de San Telmo. El alborozo de la celebración lo cortó como hielo una noticia que se esperaba desde hace semanas y que es el verdadero telón de fondo del relevo exprés al frente de la Junta. El sábado, en la toma de posesión de Susana Díaz, posaron por primera vez ante el busto de Blas Infante los cinco presidentes que ha tenido la comunidad en treinta años de autonomía. Es la primera vez también que un proceso judicial alcanza de lleno a un máximo mandatario andaluz.

La magistrada da este paso para cumplir con el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque con reservas que explica en un largo e intrincado razonamiento jurídico. Recoge este precepto normativo que toda persona a la que se impute un hecho punible tiene derecho a defenderse y a participar en el procedimiento, sin que la condición de aforamiento por ser diputado o senador constituya una excepción. Estos siete responsables públicos son aforados. El órgano competente para instruir sus responsabilidades es el Tribunal Supremo (en el caso de Manuel Chaves y José Antonio Viera) o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en el resto). Para no elevar aún el caso a un órgano judicial superior y para al mismo tiempo cumplir con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Alaya opta por un singular camino intermedio. Lo que hace la magistrada es comunicar la existencia del «procedimiento a las personas aforadas afectadas, en la medida que pudieran resultar inculpadas por el tribunal superior si –matiza– en la presente instrucción se objetivasen indicios de cierta consistencia en apoyo de la implicación de los mismos, y otorgarles así "la facultad de asumir la condición de parte", dándoles traslado de las actuaciones y posibilitándoles la participación en las diligencias». Es el paso previo, en definitiva, a elevar una exposición razonada de los hechos ante el tribunal competente. El estatus de los siete cargos equivalente al de «denunciado, querellado» o «imputado provisional», recoge la magistrada. Será el órgano superior el que emita en última instancia la imputación. Alaya tampoco puede llamarlos a declarar.

La imputación de Griñán –en vísperas de ser nombrado senador– y de Aguayo estaba cantada desde que se conoció el auto de imputación de Magdalena Álvarez, que precedió a ésta en la Consejería de Economía y Hacienda. Griñán, siendo consejero entre 2004 y 2009 recibió hasta 15 advertencias de la Intervención alertándole de que la fórmula empleada para el pago de las subvenciones de los ERE, la transferencia de financiación, era inadecuada y estaba produciendo un enorme desmán contable que llegó a generar un desfase presupuestario anual de 95 millones de euros. Griñán no sólo hizo oídos sordos a esos informes, sino que contribuyó a nivelar los elevados desfases a través de modificaciones presupuestarias que elevó al Consejo de Gobierno. Ha alegado que no recibió los informes y que la Consejería que debía actuar era Empleo. La encargada de darle traslado de los documentos era su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. Que no lo hizo, ha señalado, porque no los consideraba lo suficientemente importantes. Otro de los hombres de máxima confianza de Griñán al que imputa Alaya es el ex consejero de Economía y Empleo Antonio Ávila, secretario general de Economía entre 2002 y 2009.

Más esperada era la imputación de José Antonio Viera, que como consejero de Empleo firmó el Convenio Marco de 17 de julio de 2001 que es la base de todas las irregularidades al propiciar el pago irregular y opaco de las ayudas. Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009, a un paso de la imputación en otro caso de corrupción (las ayudas otorgadas por la sociedad de capital riesgo Invercaria), recibió en 2005, al igual que Griñán, el informe especial de la Intervención que alertaba de las graves irregularidades. El ex consejero de Empleo Manuel Recio fue nombrado con Griñán en marzo de 2010 y con él en el cargo siguieron pagándose las ayudas irregulares. A Chaves, como presidente, es a quien más alcanza temporalmente el caso. Ha dicho que se enteró de los hechos por la prensa.

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Manuel Chaves Pte. de la Junta (1990-2009). J. Antonio Griñán Pte. de la Junta 2009-2013. J. A. Viera Consejero de Empleo (2000-2004). Carmen Mtnez. Aguayo Consejera de Economía (2009-2013). Manuel Recio Consejero de Empleo (2010- 2012). Francisco Vallejo Consejero de Innovación (2004-2009). Antonio Ávila Sec. gral de Economía (2002-2009). Manuel Gómez Inteventor de la Junta (2000-2010). Antonio Vicente Dir. gral de Presupuestos (2002-2009). Juan Luque Alfonso Interventor delegado en Empleo (2008-2013). Antonio Valverde Dir. gral. de IDEA (2009-2013). Juan Francisco Sánchez Sec. gral de Empleo (2000-2004). Javier Aguado Sec. gral de Empleo (2004-2008). Lourdes Medina Sec. gral. de Empleo (2008-2012). Magdalena Álvarez Consejera de Economía (1994-2004). José Salgueiro Viceconsejero de Hacienda (1990-2004). Antonio Estepa Secretario general de Hacienda (2000-2004). Buenaventura Aguilera Dir. gral. de Presupuestos (2009-2012). Justo Mañas Viceconsejero de Empleo (2010-2012). Gonzalo Suárez Viceconsejero de Innovación (2004-2005). Jesús Mª Rodríguez Viceconsejero de Innovación (2005-2010). Miguel Ángel Serrano Dir. gral. de IFA/IDEA (2004-2008). Jacinto Cañete Dir. gral. de IDEA (2008-2009). Antonio Lara Dir. gral. de IFA (2002-2003). Francisco Mencía Dir. gral de IFA (2003-2004). Pablo Millán Dir. gral. de finanzas de IFA (1999-2004). Juan Vela Dir. gral. de finanzas de IFA/IDEA (2004-2008). Francisco Javier Guerrero Dir. gral. de Trabajo (1999-2008). Antonio Fernández Consejero de Empleo (2004-2010). Antonio Rivas Ex delegado provincial en Sevilla (2004 -2010). Juan Rodríguez Ex delegado provincial en Sevilla (2004- 2010). Juan Marquez Dir. gral. de Trabajo (2008-2010) Daniel Alberto Rivera Dir. gral. de Trabajo y Seguridad Social (2010-2011) Agustín Barberá Viceconsejero de Empleo (2004-2010) Mª José Rofa ex asesora de la Dir. gral de Trabajo. Antonio Diz-Lois Ex jefe de servicio de la Dir. Gral de Trabajo. Ramón Díaz Ex ex asesor de la Consejería de Empleo.

Precisamente la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dejó ayer fuera de su nuevo Gobierno a todos los exconsejeros del Ejecutivo de su predecesor José Antono Griñán relacionados con la gestión económica de la Junta o que pudieran haber resultado implicados en la trama de los ERE o el denominado «caso Invercaria».

Esta posibilidad se venía barajando desde hace tiempo ya que las investigaciones de la juez Alaya se encaminaban en ese sentido, sobre todo desde finales del pasado mes de julio.

Ya el pasado mes de julio el sindicato Manos Limpias pidió imputar a Griñán, Chaves y Zarrías, sobre todo después de que el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez dijera en su declaración judicial sobre los ERE que al expresidente andaluz José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda de la Junta entre 2004 y 2009, "los informes de auditoria no le importaban nada"y que sus explicaciones sobre el caso reflejan su "displicencia, pasividad in curia".

Griñán ha alegado todo este tiempo que las alertas no le llegaron porque su entonces viceconsejera y ya exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, no le trasladó estos informes. Además, la Consejería que debía actuar, según la quebradiza defensa de Griñán, era Empleo y no Hacienda.

El interventor general entre 2000 y 2010 destroza esta empalizada tras la que se ha parapetado el máximo mandatario andaluz. Y lo hace con un tono incisivo. Señala que «no le consta que el consejero –en referencia a Griñán– conociera el detalle del informe adicional, pero es impensable que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones y posteriormente 95, provocado por uno solo, el director general de trabajo. Era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta».

Paralelamente, la juez ha imputado también hoy por cuatro delitos a Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, acusado de pagos ilícitos destinados a un "flagrante incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones".

Diz-Lois ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya, ante la que se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido imputado de presuntos delitos de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y delito societario.

El imputado, que controlaba los pagos investigados, contribuyó con su participación en los "desfases millonarios que se producían en cada ejercicio económico"en la Dirección General de Trabajo.

Ni el fiscal ni las acusaciones particulares han pedido contra el imputado medidas personales ni de responsabilidad civil.

Según el auto de imputación, al que ha tenido acceso Efe, las ayudas concedidas con conocimiento del imputado se produjeron "con ausencia de publicidad, del cumplimiento de los criterios de objetividad e igualdad, con ausencia de bases reguladoras y carencia de fiscalización previa por la Intervención".