La juez cuenta con testigos para tirar de la manta «hacia arriba»

Las «piezas del puzle» del «verdadero negocio» del que habla la juez Alaya en sus autos –centrado en «las sobrecomisiones»– «empiezan a encajar» gracias a la investigación emprendida por la magistrada, de la mano de la Guardia Civil, a su tesón (con interrogatorios de 24 horas y en torno a 300 preguntas), su cabezonería (insistió en seguir con todas las causas de los ERE, más la de Lopera, tras seis meses de baja, sin ceder competencias a los jueces de apoyo) y, a raíz de la «operación Heracles», la colaboración de varios imputados. La diferencia entre los nuevos encartados y los anteriores que estuvieron a sueldo de la Junta y/o el PSOE es que, tras arrestos «a lo Elliot Ness» y varias noches –propias o de familiares– de calabozo, no están dispuestos «a comerse el marrón». Algunos declarantes, como el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual, ya se lo han certificado a la juez: «Pregunte a los sindicatos y a los señores de Andalucía». Según pudo saber LA RAZÓN, el imputado del Bufete Villasís, pendiente de declarar, Carlos Leal, está dispuesto a «tirar de la manta». Las presuntas irregularidades conducen a seguir indagando «por elevación», esto es, hacia los sindicatos y la Junta. La defensa de Leal se basa en que no se ha quedado con el dinero, con lo que las irregularidades apuntarían «a los sindicatos». En su caso, «a CC OO», básicamente, con el que tiene un nexo claro, ya que un familiar directo ostentó un alto cargo en la organización, «pero le consta que también en UGT», que, por otro lado, era el sindicato del «conseguidor» Juan Lanzas. Todo indica que la fase de la Instrucción en la que se puso coto a la base de la presunta estructura piramidal de los ERE toca a su fin y ahora la juez mira hacia la cúspide de la trama con la intención de llegar tan alto como pueda. «Ya cuenta con imputados dispuestos a contar las irregularidades», aseguran fuentes próximas al caso. En el caso de la confederación empresarial, aunque la juez ha buscado alguna relación con la causa de los ERE, no ha hallado indicios. No obstante, según pudo saber este diario, varios juzgados, de la total confianza de Alaya, investigan a la CEA por asuntos relacionados con las ayudas para formación. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción apunta a «una mayor implicación» del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero «en el sistemático enriquecimiento» de los imputados.

UGT-a «culpa» a su central estatal

Despejar balones. Eso es lo que ha hecho o, al menos ha intentado, el sindicato UGT de Andalucía. «Nuestro papel nunca ha ido más allá de firmar protocolos con las empresas, si existía, y con las administraciones», declaraba a Ep el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, para más tarde señalar que, según los estatutos del sindicato y su organigrama interno, «esa responsabilidad corresponde a las federaciones estatales, que poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con autonomía». O lo que es lo mismo, que los que tomaron todas las decisiones en la etapa de los ERE fueron las centrales sindicales, en este caso la de Cándido Méndez y su equipo.