Caso ERE

La juez tomará declaración hoy a los últimos detenidos, a la mujer de Lanzas y al exchófer de Guerrero

La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, tomará declaración a lo largo de la jornada de este viernes a los detenidos dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil en siete provincias españolas; a Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, y a la mujer del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

La juez tenía previsto tomar declaración este jueves tanto a Trujillo como a Patrocinio Sierra, mujer de Juan Lanzas, pero se ha visto obligada a posponerlas hasta este viernes debido a la larga declaración prestada por el exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, que se ha prolongado por espacio de siete horas tras las que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En estos momentos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla se encuentra corrigiendo la declaración prestada por Albarracín, tras lo que deberá dictar el auto en el que decida sobre la petición planteada por el Ministerio Público.

Tras el exdirectivo de Vitalia, la juez tiene previsto tomar declaración justo a continuación a Juan Lanzas, que se encuentra en los juzgados en compañía de su abogado desde las 11,00 horas, y al exsubdirector general de Mercasevilla Daniel Ponce, que fue citado a las 18,00 horas.

Para este viernes está prevista la declaración, a partir de las 13,00 horas, de la mujer de Lanzas, y desde las 18,00 horas del exchófer de Guerrero, así como de los detenidos en la operación 'Heracles', que ha concluido por el momento con 22 personas detenidas, aunque al menos dos de ellas fueron puestas en libertad con cargos directamente por los agentes del Instituto Armado.

En concreto, fueron puestos en libertad la mujer y el hermano de Carlos Leal, también imputado en la causa y abogado de Estudios Jurídicos Villasís.