La mejor defensa de la unidad, por García-Page

Para los españoles de menos de cuarenta años, aquellos que nacieron ya bajo el amparo de la Constitución, resulta a veces difícil comprender lo que pudo significar aquel esfuerzo colectivo de reconciliación nacional.

El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español fue llamado a participar libremente en un referéndum para ratificar la Constitución Española que sus parlamentarios habían aprobado. Aquel hecho histórico culminaba el proceso de transición pacífica y pactada de nuestro país desde una dictadura a un «Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Para los españoles de menos de cuarenta años, aquellos que nacieron ya bajo el amparo de la Constitución, resulta a veces difícil comprender lo que pudo significar aquel esfuerzo colectivo de reconciliación nacional en torno a unas ideas básicas de convivencia, derecho y libertad. Aquella renuncia a la imposición por la fuerza de un ideario político, de un programa de gobierno. Pero si algo demostró aquella generación de políticos de la Transición era su capacidad de lealtad al acuerdo constitucional y, con ello, a la nación, y si la UCD demostró deseos sinceros de integrar a España en un régimen democrático, fue el PSOE, a partir de 1982, quien abrió definitivamente paso a la España de todos, renunciando a muchos de sus postulados ideológicos, no sin debate, no sin un precio político y personal, en favor de la estabilidad, de la integración en Europa, de la convivencia como elemento definitivo. Hoy en día, vivimos el tremendo desafío del populismo que cataliza la frustración y el miedo de los ciudadanos, y que encuentra terreno abonado en el independentismo por un lado, y los totalitarismos, que ponen el foco en la desmotivación del voto demócrata y constitucionalista, y en la desconfianza hacia el proyecto europeo que tanto nos ha permitido progresar en todos los aspectos. Los derechos que consagra la Constitución no son un brindis al sol. Son todos ellos elementos fundamentales para entender lo que es vivir en democracia y libertad, que va más allá del hecho de votar periódicamente y participar en política a través de los partidos. Derechos, también deberes, de cuya posesión los ciudadanos deben ser conscientes.

Pero es necesario hacerlo, si queremos afrontar cualquier evolución futura desde un ámbito de debate democrático, paz social y consenso nacional, que parta de un principio irrenunciable: la igualdad de todos los españoles, de todos los territorios. El Estado de las Autonomías, consagrado también por la Constitución Española de 1978, ha permitido acercar la gestión del Estado a los ciudadanos y a los territorios, permitiendo una administración más cercana, informada y comprometida en la tarea de extender el bienestar a todos los territorios. Por todo ello, porque gracias a la Constitución somos todos no solo más libres, más formados, más atendidos, sino porque somos más iguales en derechos y prestaciones, celebramos con verdadera alegría este 40º Aniversario, convencidos de que es la mejor línea de defensa frente a quienes tratan de romper la convivencia, la unidad nacional, o la igualdad de oportunidades a través de la imposición, de los hechos consumados o, simplemente, del desprecio y deslegitimación de las instituciones.