La Policía documenta que ETA quería eliminar «uno por uno» a sus enemigos

Remite un exhaustivo informe a petición de la Audiencia, que investiga a la banda por crímenes de lesa humanidad

«Sólo les resta una solución, marcharse fuera de las cuatro regiones de Euskadi Sur; en caso contrario, corren el riesgo de ser, poco a poco, pero inexorablemente, eliminados, uno por uno o en grupo». Quien así se expresa de forma tan clara es la banda terrorista ETA, y lo hizo el 4 de noviembre de 1978 en el comunicado en el qu reivindicó los asesinatos de dos ciudadanos a los que acusaba de pertenecer a los «Guerrilleros de Cristo Rey». Pero, por si quedaba duda de uno de los principales fines de la banda, además de la «independencia y socialismo», 16 días después, en otro comunicado para «justificar» un nuevo asesinato, incidía en que sus «enemigos» debían abandonar el País Vasco o asumir las «consecuencias»: «Obligar a los Cuerpos represivos y demás agentes colaboracionistas del Gobierno español a que abandonen definitivamente el territorio de Euskadi Sur».

Estos objetivos de ETA figuran en el informe remitido por la Policía Nacional al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dentro de la causa en la que se investiga si la banda terrorista incurrió en actos de genocidio o de lesa humanidad, que es lo que se defiende en las dos querellas presentadas al respecto.

En el informe de la Policía Nacional, de más de 200 folios –el de la Ertzaintza tenía nueve– al que ha tenido acceso LA RAZÓN en su integridad, se detalla de forma pormenorizada y minuciosa toda la historia criminal de la banda, de sus fines y objetivos y de los medios para lograrlos, entre los que se encuentra de forma prioritaria la «guerra revolucionaria», es decir, los atentados terroristas y lograr que aquellos que se oponen a su idea de Euskadi tengan que abandonar esos territorios o pasan a ser sus «objetivos». Ello se especifica de forma tajante en la primera de las conclusiones del mencionado informe: «Tras el periodo inicial, entre 1968 y 1974, en el que ETA intenta poner en práctica los esquemas de la “guerra revolucionaria”, sus acciones terroristas han estado orientadas a la eliminación o reducción de la oposición en el País Vasco y Navarra, atacando y acosando a los que consideran como obstáculos para su proyecto».

Esas ideas estaban en la génesis de ETA desde su propio nacimiento, en mayo de 1962, cuando celebra su I Asamblea y aprueba su «declaración de principios», en los que define su objetivos, métodos y estructuras. No se hablaba en ese momento de forma expresa de llevar a cabo acciones terroristas para lograr esos objetivos –se aludía a a emplear los «medios más adecuados que cada circunstancia histórica dicte»–, pero sí lo hará en su primer «Manifiesto nacional». Fue en 1964, cuando ETA deja «sentado» que «el que no esté con el pueblo vasco y su resistencia, está en contra de aquél y de ésta», y concluía «Son abertzales los que colaboran con la resistencia vasca, los que se oponen a ella o la boicotean serán barridos». Y es que, como se afirma en el informe de la Policía Nacional, ETA siempre ha tenido como objetivo prioritario que todos los que por su profesión o por ideología, constituyan un obstáculo para sus planteamientos abandonen el País y Navarra, y por ello, en sus comunicados, se advertían a los ciudadanos que estaban en el mismo entorno de la víctima «del riesgo de convertirse también en víctima».

Esto se confirmaba en un comunicado de la banda de 1979, tras asesinar a un «confidente» de las Fuerzas de Seguridad. ETA reafirmaba uno de sus objetivos desde su fundación, es decir, lograr que abandonasen Euskadi todos aquellos que no avalaban sus tesis «revolucionarias» o arriesgarse a recibir un tiro por la espalda en la nuca: «Continuaremos desarrollando nuestra actual campaña armada ofensiva contra todos los enemigos de la causa nacional y social del Pueblo Trabajador Vasco, hasta que abandonen el territorio nacional vasco».

La Policía, de hecho, especifica los colectivos que estaban en el punto de mira de ETA para lleva a cabo su «control social, es decir, los considerados «obstáculos» para su proyecto. Esos colectivos serían los que por su profesión tenían como función garantizar el orden jurídico-político, como es el caso de los Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, los que mantenían posiciones políticas de abierto rechazo a sus objetivos, y aquéllos que, por su posición económica, ETA entendía que debían «contribuir a su sostenimiento», como los empresarios. En ese «control social» se produce un punto de inflexión en 1995, cuando la banda «amplía el catálogo de víctimas potenciales, en la medida en que la contestación a sus acciones terroristas se generalizan en la propia sociedad vasca y navarra».

En cuanto a los fines de ETA, el informe especifica tres: Entre 1968 y 1974, promover una «insurrección popular»; entre 1974 y 1982, impedir a toda costa la implantación de un sistema democrático que no recoja su alternativa política; y, a partir de 1982, la «negociación política» con el Gobierno español.