La próxima semana arranca el juicio contra la mafia rusa «Taganskaya»

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará al empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa ‘Taganskaya’ y acusado de blanquear en Mallorca más de 14 millones procedentes de su actividad criminal en Rusia.

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará, desde el viernes de la próxima semana hasta el 3 de junio, al empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como ‘Taganskaya’ y acusado de blanquear en Mallorca más de 14 millones de euros procedentes de su actividad criminal en Rusia.

En concreto, la Fiscalía reclama 17 años de cárcel para el inculpado al acusarle de articular los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia de origen lícito. Para ello, el Romanov se habría valido de la colaboración de su familia y otros profesionales como abogados y gestores, que figuran entre los otros once acusados que junto a él se sentarán en el banquillo.

La acusación pública les imputa delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos. Está previsto que el juicio se inicie el viernes con la fase de cuestiones previas, para continuar después del 16 al 20 de mayo, y finalmente proseguir del 30 de mayo al 3 de junio.

La Sección Segunda de la Audiencia acordó en diciembre del pasado año prorrogar, por riesgo de fuga, la situación de prisión provisional en la que se encuentra Romanov desde hace más de dos años. Sus abogados solicitaron su excarcelamiento al aseverar que el encausado ya había cumplido el máximo legal de dos años en prisión preventiva. Un periodo que, no obstante, puede prorrogarse dos años más para el caso de delitos penados con más de tres años de privación de libertad.

Romanov ingresó en prisión en diciembre de 2013 tras una operación coordinada por Europol que se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.

La Sala alegaba la proximidad del juicio y, por tanto, una probable condena “a muy elevadas penas”, por lo que “su deseo por eludir tales responsabilidades se adivina mayor y más intenso que el que pudiera percibirse al principio de la instrucción de esta causa”.

Asimismo, apelaba a tener en cuenta “la peligrosidad” del acusado derivada de su presunta pertenencia “a una organización criminal mafiosa que utilizaría la violencia física y la extorsión para hacerse con la propiedad de distintas empresas y descapitalizarlas” -empresas que estarían radicadas en su país de origen-, además del hecho de disponer “de bienes e importantes contactos en Rusia, que podría utilizar para, de ser liberado provisionalmente, darse a la fuga”.

La resolución judicial apuntaba que el procesado posee un elevado nivel de vida y recursos en Rusia que “podría aprovechar para eludir la acción de la justicia”, como también “podría recibir la ayuda de sus familiares que se hallan en libertad provisional y que, con los contactos que poseen con las altas personalidades de la Federación Rusa, podrían valerse de los mismos para facilitar al acusado documentación falsa y medios económicos para permitir su salida subrepticia del país”.

En concreto, fue 20 meses antes de su encarcelamiento cuando se iniciaron las investigaciones en torno su papel al frente de ‘Taganskaya’ y sus actuaciones en Mallorca. La Guardia Civil detectó los vínculos criminales de Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el Hotel Mar y Pins, y quien cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.

Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que ‘Taganskaya’ estaba utilizando España para blanquear fondos, un esquema en el que Romanov es una pieza clave, auxiliado por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales.

Estructura del clan mafioso

De hecho, los investigadores postulan que ‘Taganskaya’ es una de las principales organizaciones criminales asentadas desde los años noventa en Moscú, compuesta por más de 50 miembros y especializada en raids, fraudes bancarios, extorsiones y ejecución de asesinatos por encargo. Romanov es miembro activo de la misma y ya fue condenado a tres años y medio en Rusia por fraude a gran escala.

Es más, sostienen cómo su mujer, Natalia Borisovna y los padres de ésta como testaferros, forman parte de la red societaria utilizada para la comisión delictiva.

Además, tras introducir en España el dinero procedente de la organización criminal a fin de aflorarlo en el mercado y conferirle apariencia de licitud, el matrimonio se rodeó de un grupo de personas a su servicio en el que se incluía un agente inmobiliario, un abogado, un policía, una empleada “fiel”, un asesor fiscal y varios ‘hombres de paja’ con el objetivo de facilitar las inversiones y obtener la mayor rentabilidad posible.

Compra del hotel Mar i Pins

De este modo fue como el 24 de febrero de 2010 Romanov, a través de su empresa Natali Mar i Pins, formalizó la compra ante notario del hotel del mismo nombre y una vivienda anexa. El precio escriturado era de 5,95 millones de euros, lográndose así la adquisición de un inmueble de alto valor, con perspectivas turísticas en una zona privilegiada de Mallorca y emprendiendo después costosas obras de reforma del hotel y la vivienda donde pasaron a residir.

Una compra y reforma para las cuales el matrimonio comenzó a transferir del entramado criminal numerosas cantidades a cuentas corrientes gestionadas por ambos, hasta un total de 12,8 millones, según relata el auto.

Tras ello, el grupo pretendía incrementar las inversiones en España y así buscaron más hoteles para comprar, si bien la intervención policial y judicial puesta en marcha impidieron que pudieran realizar finalmente otras inversiones en el país.

Los abogados de Romanov pedían que se anulase todo el proceso “ante la insustancialidad de las pruebas acumuladas sobre las que intenta sostenerse el caso”, apuntando a “la falta de rigor de la causa, la falsificación de firmas y pruebas, y lo que es más grave aún si cabe, que nadie se dignó a investigar en España si los presuntos hechos por los que se le pretende juzgar están fundamentados en Rusia o sólo son una especulación fruto de la asociación de ideas y prejuicios basados en que un empresario de éxito y ruso sólo puede ser mafioso”.