Ley de amnistía: Moncloa filtra un borrador del informe de la Comisión de Venecia y asegura que avala la norma

"La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía". Este era el titular de una información que empezó a difundirse a última hora del viernes y de la que numerosos medios se hicieron eco. Sin embargo, esta noticia se basa en la filtración realizada desde Moncloa de un borrador del informe de la Comisión de Venecia, que no recoge conclusiones firmes y detalladas sobre el caso concreto de España, sino una serie de observaciones para debatir en torno a la proposición de ley que busca perdonar los delitos del "procés".

LA RAZÓN ha accedido al contenido del borrador. En él no se arrojan conclusiones claras y definidas sobre la situación concreta de la ley de amnistía española. Su contenido es más bien descriptivo de los conceptos legales en torno a esta norma y sobre los requisitos que deben cumplir las leyes de amnistía en general, pero no entra en el fondo del asunto sobre si la ley de amnistía que se tramita en el Congreso es o no acorde al Derecho de la Unión Europea. "El proyecto de ley de amnistía ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española”, señala el borrador en uno de sus apartados finales.

De hecho, en uno de los apartados, señala: "La Comisión no intervendrá en la discusión política" y agrega que "en particular, no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la amnistía ni sobre su idoneidad para alcanzar el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles". También recuerda que no es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía. Su informe no es vinculante, aunque es jurídicamente relevante.

Sin embargo, a última hora de la tarde, fuentes del Gobierno difundieron una serie de conclusiones bajo el título: "La Comisión de Venecia avala la ley de amistía” y se indicaba que este organismo “avala por completo la existencia de la ley de amnistía y reconoce la existencia de leyes de amnistía en diferentes países europeos, después de haber recogido información en 54 Estados”.

También asegura que todas las recomendaciones de la Comisión "se han cumplido ya en la tramitación parlamentaria”. Y se arremete contra el PP, al que acusa de “usar a la Comisión de Venecia contra el Gobierno de España y ha salido escaldado”, para acto seguido añadir que "la futura amnistía es legal, es legítima y plenamente respetuosa con los estándares internacionales”.

La declaración concluye de forma contundente: “Una vez asegurada que es legal, la Comisión de Venecia llama a la participación de todos los actores políticos, incluida la oposición, en la tramitación de la amnistía”.

El problema es que el Gobierno se ha basado en un borrador, en un documento de trabajo no oficial para difundir esta información a última hora del viernes.

Reacciones a la maniobra de Moncloa

Las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, fuentes del Senado han cuestionado esta estrategia desplegada desde Moncloa y recalcan que el borrador filtrado por el Ejecutivo como el informe definitivo no solo no avala la ley de amnistía, sino que señala que es necesaria una reforma constitucional y cuestiona que se tramite como proposición de ley, evadiendo la exigencia de determinados informes técnicos. Otras fuentes señalan que hay conceptos indeterminados, como su objeto y el rango temporal en el que se aplicará, por lo que vulneraría algunos principios legales, como los de seguridad jurídica y legalidad penal.

Asimismo, estas fuentes cuestionan que la norma se aplique a personas concretas y la definición de los delitos de malversación y corrupción. Y destacan que el borrador subraya que una ley de estas características debe plantearse como el último recurso.

Otras fuentes jurídicas señalan que es simplemente un borrador que recoge aspectos para invitar a la reflexión, pero en ningún caso conclusiones definitivas y certeras sobre la ley de amnistía. Y recomiendan esperar el documento oficial que se aprobará a mediados de marzo, tal como figura en la web de la Comisión de Venecia.

En la red social "X" (antes Twitter), algunos políticos también han criticado la maniobra del Gobierno para intentar "vender" que la amnistía es acorde al Derecho de la Unión Europea. "Que el gobierno filtre un borrador de la Comisión de Venecia sobre la amnistía antes de que sea debatido por sus miembros y aprobado demuestra su desesperación por intentar justificar lo injustificable", señala él presidente de la comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez.

La visita de la Comisión de Venecia

El pasado 8 y 9 de febrero, la delegación celebró una seguidilla de entrevistas con diversas autoridades, en una agenda medida al minuto, para recopilar información sobre la ley de amnistía. Entre ellos, destacan los celebrados con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con los magistrados del Tribunal Constitucional, parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces. También acudieron al Senado, a la sede de la Fiscalía General del Estado y hablaron con juristas y representantes de la sociedad civil.

La Comisión de Venecia en realidad se llama Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, pero recibe su nombre de la ciudad italiana en la que se reúne. Es un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y, aunque sus conclusiones no son vinculantes, es una institución autorizada y respetada en asuntos relacionados con el Estado de derecho, la Justicia y los Derechos fundamentales.

Está integrada por expertos juristas que son elegidos a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y se les suele pedir, a través de las instituciones nacionales de los Estados de la Unión Europea (UE) dictámenes sobre leyes importantes o reformas constitucionales. En definitiva, todas las normas que puedan tocar el Estado de Derecho, ya que su cometido es velar por su eficacia en todos los estados miembro.

Para hacer este trabajo, designa un grupo de trabajo formado por expertos. Su ámbito de actuación traspasa las fronteras europeas. Por ejemplo, ha elaborado informes sobre la fallida reforma constitucional en Chile y sobre las enmiendas al sistema electoral en México.