La Comisión de Venecia viene a España, ¿qué se puede esperar de su informe sobre la amnistía?

A finales de esta semana se espera que llegue una delegación de la Comisión de Venecia, a la que el Senado le ha pedido que elabore un informe sobre la ley de amnistía. Con su visita a Madrid pretende recabar información entre distintas instituciones sobre la futura ley de amnistía, por lo que se reunirá con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el del Senado, Pedro Rollán, así como con los representantes de distintos partidos políticos. Este periódico también ha confirmado que el viernes se reunirá con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo ello, con el fin de elaborar su dictamen sobre la proposición que busca aplicar esta medida de gracia a los delitos del “procés”.

La petición de este informe la cursó la Mesa del Senado con carácter de urgencia para disponer de esta valoración con tiempo, antes de que se celebre el debate sobre esta proposición de ley en la Cámara Alta, y se prevé que esté lista en marzo. Pero, ¿qué se puede esperar de este informe?

Tal como señalan fuentes jurídicas a LA RAZÓN, la Comisión de Venecia en realidad se llama Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, pero recibe su nombre de la ciudad italiana en la que se reúne. Es un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y, aunque sus conclusiones no son vinculantes, es una institución autorizada y respetada en asuntos relacionados con el Estado de derecho, la Justicia y los Derechos fundamentales.

Está integrada por expertos juristas que son elegidos a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y se les suele pedir, a través de las instituciones nacionales de los Estados de la Unión Europea (UE) dictámenes sobre leyes importantes o reformas constitucionales. En definitiva, todas las normas que puedan tocar el Estado de Derecho, ya que su cometido es velar por su eficacia en todos los estados miembro.

Para hacer este trabajo, designa un grupo de trabajo formado por expertos. Su ámbito de actuación traspasa las fronteras europeas. Por ejemplo, ha elaborado informes sobre la fallida reforma constitucional en Chile y sobre las enmiendas al sistema electoral en México.

En algunas ocasiones, como es el caso de España con el dictamen sobre la ley de amnistía, programan visitas para obtener la documentación e información necesaria, aunque no es obligatorio que lo hagan. La propia Comisión de Venecia decide quiénes forman esa delegación y suelen mantener entrevistas con los principales responsables jurídicos y, a veces, también con expertos externos, personas del ámbito académicos, etc.

"Pueden pronunciarse sobre cualquier tema, no es necesario que la ley esté definitivamente aprobada. También han emitido informes sobre proyectos de referéndum”, apunta Teresa Freixes. La catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de Citizens pro Europe destaca que el informe que sale de la Comisión de Venecia “no es vinculante, pero es una opinión jurídica experta relevante. Veremos cuál es el sentido de ese informe, Se supone que será tenido en cuenta por quienes lo han pedido y por las autoridades de los Estados miembro”, aclara.

En todo caso, sus actuaciones para realizar este tipo de informes sobre leyes que tienen impacto en el Estado de derecho siguen una serie de parámetros que se deben analizar y verificar. Están incluidos en un documento extenso, en los “Criterios de verificación del Estado de Derecho” que adoptó en 2016 y fue ratificado en 2017.

Otras fuentes advierten que, incluso si el informe es negativo, no se puede esperar que sea contundente, sino que lo más probable es que matice todas las conclusiones. Lo máximo que pueden hacer es plantear una serie de recomendaciones.

Tal como informó este periódico, la ley de amnistía también está siendo investigada por la Comisión Europea (CE) , que está examinando la norma que impulsan el PSOE con Junts y ERC a partir del pacto de investidura. Así lo confirmaba la semana pasada el eurodiputado Adrián Vázquez , que destacaba que este era el primer paso para, en caso de incumplimiento del Estado de derecho, avanzar hacia otras medidas más contundentes en el ámbito europeo, como es la activación del mecanismo de continuidad, que puede poner el jaque el acceso a fondos europeos si se constata que la medida de gracia y su aplicación vulnera los principios del Estado de derecho en Europa.