Libertad bajo fianzas de hasta 30.000 euros para el ex jefe de gabinete de Granados

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad bajo sendas fianzas de 30.000 y 5.000 euros al ex jefe de gabinete de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid, Ignacio Palacios, y a su esposa, María José Marijuán Alonso, tras atribuirles cinco delitos por su presunta participación en las actividades de la trama de corrupción Púnica, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que les ha tomado declaración este jueves, imputa indiciariamente al matrimonio los delitos de integración en organización criminal, en referencia a la banda supuestamente liderada por Granados y su socio, el constructor David Marjaliza; fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Los imputados tendrán que depositar las fianzas impuestas antes de las 11.00 horas del próximo lunes, según las citadas fuentes jurídicas. En el momento en el que las abonen, se les impondrán como medidas cautelares la obligación de realizar comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios y la retirada pasaporte.

El matrimonio fue detenido este martes por la Guardia Civil en el marco de una operación en la que fue registrada su vivienda así como dos propiedades del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid: una finca en Valdemoro (Madrid) y otra en Avila.

Compañero de la universidad y asesor fiscal de Granados, Palacios ha sido su mano derecha desde que inició su trayectoria política en el Ayuntamiento de Valdemoro en 1999. Los investigadores creen que desde entonces habría participado en varias operaciones ilícitas que se atribuyen al ex dirigente 'popular' en las que habría figurado como testaferro.

El imputado, que compareció como testigo el 5 de diciembre de 2014, fue jefe de Personal en el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) entre 1999 y 2003, durante la etapa de Granados como alcalde, y jefe de Gabinete de las Consejerías de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior entre 2003 y 2008, también a sus órdenes. Además, asumió los cargos de consejero del Campus de la Justicia y de la sociedad pública de gestión del suelo Arpegio.

Palacios, de profesión economista, estuvo a sueldo hasta el pasado 10 de diciembre de una de las empresas del constructor Ramiro Cid Sicluna, también imputado en esta causa, según reconoció él mismo en su declaración judicial.

El juez sospecha, a partir de las conversaciones telefónicas que constan en el procedimiento, que Palacios se ofreció a Granados para poner a nombre de su hermana un yate atracado en el puerto de Palma de Mallorca que supuestamente habría puesto a su disposición el directivo de OHL Javier López Madrid, yerno del presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir.

De igual modo, considera que realizó gestiones ante el ex alcalde de Valdemoro José Carlos Boza, también imputado en el procedimiento, para cambiar el uso de una finca agrícola de la localidad que Granados heredó de su padre y poder construir en ella.

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en la adjudicación de contratos supuestamente fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en las comunidades de Madrid y Murcia, la Diputación de León y una decena de ayuntamientos.

EUROPA PRESS