Los carteles del referéndum ilegal iban a facturarse a la Generalitat

Un empresario admite que Òmnium dejó claro que pagaba la Administración autonómica.

Uno de los empresarios a los que Òmnium Cultural recurrió para imprimir la cartelería del referéndum ilegal del 1-O admitió a la Guardia Civil, en su declaración como testigo el pasado 16 de noviembre, que desde la entidad soberanista le dejaron claro «que el pedido se realizará a través de Òmnium, pero se facturará a la Generalitat de Cataluña». Así consta en uno de los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa en la que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena investiga a los principales líderes del proceso independentista por malversación de caudales públicos. De los 1,9 millones en los que el magistrado cifra el supuesto desvío de las arcas de la Generalitat, el desembolso en cartelería supuso un total de 61.879 euros.

Los investigadores están convencidos de que «existen datos que corroboran ese gasto por parte de la Generalitat», que habría utilizado a la asociación soberanista como mera pantalla, «a pesar de la opacidad que ha pretendido dar a lo relativo a ese coste económico».

Según se reseña en el informe, la entidad que lidera Jordi Cuixart (en prisión desde el 16 de octubre del pasado año por su papel en el «procés») solicitó un presupuesto «urgente» a la empresa Artyplan para llevar a cabo la impresión del material (el anuncio de las «vías» del tren con el logo de la Generalitat). Posteriormente, Òmnium efectuó los correspondientes pedidos a las empresas Marc Martí, la propia Artyplan y Global Solutions. «Nadie de estas empresas preguntó quién pagaría», porque quien hizo el encargo (según la Guardia Civil, Antoni Molons, en esas fechas secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat), «entendió que estaban al tanto».

Para la Guardia Civil, la Generalitat «utilizó a Òmnium para realizar los pedidos y encargar la distribución de los carteles para animar a votar el 1-O con la inscripción institucional». De hecho, considera a la entidad soberanista «una de las piezas clave en la estrategia y financiación para conseguir la independencia, aun recurriendo a la vía unilateral, como finalmente así se hizo».

Según declaró Enrique M. Y, de la empresa Artyplan, desde Òmnium se le indicó que «sólo se realizara un tercio del total» del pedido, por lo que «tuvo que enviarle por correo electrónico un presupuesto de ese tercio». Los otros dos tercios se realizarían a través de las sociedades Marc Martí y Global Solutions. La explicación que le dieron desde la propia asociación soberanista era que se trataba de una medida de seguridad ante «la posibilidad de que la Guardia Civil llevara a cabo alguna intervención en las imprentas que se encargan de la impresión de los carteles publicitarios y así poder salvar alguna parte del pedido total». Sin embargo, conocedores de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el referéndum, desde Artyplan «se procedió a paralizar el pedido y se puso en conocimiento de la Guardia Civil» para evitar incurrir en una actuación delictiva.

Un correo intervenido a la ex consellera de Asuntos Sociales Dolors Bassa –en prisión por esta causa desde el pasado 23 de marzo– también abona la convicción de la Guardia Civil de que fue la Generalitat la que se hizo cargo de los pagos de cartelería. En el mismo consta un archivo con el nombre «Acuerdo de Gobierno 6 de septiembre de 2017» en el que «se desprende la intencionalidad de asumir el coste del referéndum del 1-O». Ese acuerdo hace referencia al «encargo, contratación y diseño de las campañas de comunicación institucional, así como las relacionadas con los colaboradores de la administración electoral». «Si bien es cierto que la publicidad relacionada con el referéndum (cartelería vinculada al 1-O) ha sido encargada por la asociación Òmnium Cultural –reseñan los investigadores– posteriormente iba a ser abonada por la Generalitat, tal y como se refleja en el citado correo, donde existe una idea inicial de asumir el gasto total por parte de la Generalitat».

La Guardia Civil concluye que «puede resultar sorprendente que la Generalitat diga ahora que ese referéndum no supuso coste económico alguno cuando el Govern ha manifestado reiteradamente que se proclamó la independencia en base al mandato de las urnas que ellos habían puesto y, sin embargo, no quiera reconocer los gastos del mismo, sino que pretenden hacer creer que un acontecimiento tan fundamental para los fines independentistas, llegando incluso a ponerse al margen de la ley, lo dejaran en manos de terceros».