«Los políticos deben respetar la división de poderes»

Les instan a ser «más prudentes» y señalan que el líder de ERC no está en la cárcel «por capricho» de Llarena

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, recuerda a los responsables políticos «que en España existe la división de poderes y la independencia de los tribunales debe respetarse. Es una exigencia constitucional». Y, que, además, tienen la «necesidad de dar ejemplo». «Deberían ser más prudentes», aconseja.

Sobre los mensajes políticos en relación a la prisión de los líderes independentistas, Rodríguez asegura que «pueden haber excedido de lo que es un mero pensamiento», hasta el punto de interpretarse como «un mensaje a los órganos judiciales». «Pero los jueces –deja claro– no admitimos que sea una presión, porque para ello esas palabras deberían tener una influencia y no tienen ninguna eficacia». Eso sí, se muestra «completamente seguro de que ninguna declaración, proceda de quien proceda, podrá variar la obediencia de los jueces y magistrados a la ley y a la Constitución».

Y respecto a Junqueras, la APM puntualiza que está en prisión provisional «por una expresa previsión legal» (el procesamiento por rebelión lleva aparejada la suspensión del cargo público), «y no por un mandato caprichoso del juez Llarena». «Sobre esas visitas no me corresponde pronunciarme sin conocer su contenido», dice respecto a la posibilidad de que, saltándose esa suspensión, Junqueras pueda estar ejerciendo en prisión un cargo público «virtual».

Para Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), Junqueras «es un dirigente político que está preso y puede dialogar con otras formaciones». «No está ejerciendo ningún cargo público», mantiene el portavoz de la asociación, Ignacio González Vega. Tampoco pone reparos a los pronunciamientos políticos sobre la prisión de los líderes del «procés». «Es un debate público en una sociedad democrática. Pueden expresarse libremente sobre su situación procesal, mientras no pretendan influir en la labor de los tribunales». ¿Y se ha traspasado esa línea roja? «No, porque se hubiese pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial», sostiene.

Para el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, «quien debe decidir sobre la libertad provisional son los jueces». «Que un político diga como debe actuar un juez es una intromisión en toda regla en las normas de competencia que existen en un estado de Derecho –asegura–. Es como si un juez les dijese a los políticos cómo deben aprobar las leyes».

«Un dirigente político como Iglesias puede hacer lo que le de la gana. Eso nos da igual –dice respecto a su encuentro con Junqueras–. Lo que no nos da igual es que se esté intentado alcanzar con él un acuerdo en presupuestos mientras no hay dinero para atender las reivindicaciones de las asociaciones». «Se da la paradoja –subraya– de que quienes defendemos el estado de Derecho no vemos un duro mientras quienes lo atacan tienen, al parecer, partidas presupuestarias para seguir manejándolas».