Los religiosos secesionistas se exponen a la expulsión

Los políticos no se exponen evidentemente al castigo que sí podría llegar para los miembros de la Iglesia que persistan en inmiscuirse en la política: la expulsión de sus órdenes religiosas.

Méritos no les faltan a quienes, en el seno de la Iglesia, apoyan activamente y desde hace años la campaña que aboga por la independencia de Cataluña. Ejemplo de última hora es la incorporación, el pasado 16 de agosto, del capellán Manel Pousa –conocido como Padre Manel– a la lista de Juntos por el Sí. Caso llamativo es el de Josep Maria Ballarín i Monset, capellán y escritor, que a sus 95 años figura como número 15 por Lérida en la misma candidatura para las elecciones del próximo 27 de septiembre.

Dos de las más conocidas activistas religiosas por la secesión, Lucía Caram y Teresa Forcades, han estado cerca de esa medida extrema, aunque lo normal es que se reciba antes una amonestación por parte de sus congregaciones.

El Código de Derecho Canónico señala que «no han de participar [los clérigos] activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común».

Para mayor abundancia, el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, afirma que «las actividades políticas y sindicales son cosas en sí mismas buenas, pero son ajenas al estado clerical, ya que pueden constituir un grave peligro de ruptura de la comunión eclesial».

La equidad canónica exige amonestar antes al reo de acuerdo con el canon 1347 apartado 1 y «dar al interesado un tiempo conveniente para su enmienda. En la amonestación se debe indicar la pena que se pretende imponer. Si el caso se ha difundido y hay escándalo entre los fieles, puede ser conveniente hacer pública la amonestación».