Los verificadores alertan de que pedir a ETA que se disuelva aviva su escisión

La «fiera» (ETA) está sin control, por más que, por medio de comunicados y declaraciones, se trate de hacer ver a la opinión pública que todo marcha según un guión que, por cierto, nadie conoce y que, por lo tanto, no puede ser sometido a verificación. La reciente visita al País Vasco de los «conflictólogos» Jonathan Powell y Martin McGuinness supuso un jarro de agua fría, ya que lo primero que dijeron es que carecían de información real sobre las intenciones de ETA a corto y a medio plazo. De lo que sí advirtieron es del «error» de exigir a la banda su disolución, ya que, de ser aceptada por los que ahora controlan la organización criminal y los zulos en los que esconde su arsenal, se produciría una escisión, con una posible vuelta a las armas y los atentados. La visita de Powell y McGuinness estuvo precedida por la que estas dos personas recibieron en Inglaterra e Irlanda de representantes de algunos partidos vascos, en especial de Sortu, donde, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, «no les llega la camisa al cuello», ya que el calendario juega claramente en su contra. No hay que ser un gran analista político para saber que, a partir de enero, España entrará en un periodo preelectoral que se extenderá hasta noviembre del año que viene y, en el caso del País Vasco, hasta mediados del año siguiente. Lo que significa que las posibilidades de movimientos sobre el desarme de ETA a cambio de la salida de las Fuerzas de Seguridad, excarcelación de presos, etcétera, quedarían aplazados por lo menos hasta esa fecha.

La izquierda abertzale tiene prisa para que, en lo que queda de año, ETA haga algún gesto serio que le sirva de bandera electoral ante los comicios que se avecinan, pero chocan con la cerrazón de los terroristas en su afán de que cualquier movimiento se negocie entre ellos y representantes de los Gobiernos de Madrid y París, bajo los principios de paz por presos y desarme a cambio de la expulsión de la Guardia Civil, la Policía y las Fuerzas Armadas del País Vasco.

En Sortu son conscientes de que si alguien no los va ayudar es el Partido Nacionalista Vasco, ya que los nacionalistas tienen claro que se juegan su hegemonía en el País Vasco frente a la izquierda abertzale.

A Sortu se le acumulan los problemas (probablemente porque alguien en su mundo –¿ETA?– está moviendo los hilos para que así sea) y, a todo lo dicho, hay que añadir el asunto de los presos. Al fracaso de la pantomima de «desarme» montada en Toulouse hay que sumar que la iniciativa que tomaron los reclusos para exigir su traslado a las cárceles del País Vasco ha obtenido un no rotundo por parte de Instituciones Penitenciarias, ya que los escritos remitidos no se ajustaban a la legislación vigente.

Según las fuentes consultadas, la situación entre el colectivo de presos es de un gran malestar, unido a una enorme desesperanza. Los reclusos ven que Sortu y demás organizaciones del entramado están dedicadas a sus cosas, a la «construcción nacional» a la catalana (eso antes de que estallara el asunto Pujol); y que la sociedad vasca, una vez que ETA ha dejado de atentar, ve a los presos como algo lejano que cada día que pasa le concierne menos.

Además, es posible que el volumen del colectivo sufra en los próximos meses una disminución considerable en función de la aplicación de una serie de sentencias que están en estudio. De esta manera, quedarían encerrados los que tienen delitos de sangre y condenas más largas, los más peligrosos, que no se van a a cruzar de brazos a ver cómo «sale el sol por un lado del horizonte y se pone por el otro».

La situación para Sortu y el entramado político, al que la banda dice ceder todo el protagonismo en el último comunicado (palabras sobre palabras), como si le mandara un caramelo envenenado, es realmente complicada. Han pasado mil días desde que ETA anunciara el fin de sus actividades y lo único que está claro a estas alturas es que mantiene las armas y explosivos en su poder (sellados o no los zulos, pero sin ningún tipo de supervisión exterior e independiente); ha dejado claro que no se va a disolver, sino que va a ser un agente político; y con la amenaza, revelada por Powell y McGuinnes, de que si alguien fuerza esa disolución, habrá una escisión.