Manifiesto contra la purga nobiliaria

El PSOE, tal y como adelantó LA RAZÓN esta semana, ha registrado una proposición de ley en el Congreso para suprimir los títulos nobiliarios que exalten los valores de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La propuesta del partido de Pedro Sánchez amenaza la continuidad de hasta 37 distinciones, entre ellas el Ducado de Franco. La proposición de ley socialista plantea, además, otras cuestiones como el establecimiento del 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas de Franco y la articulación de un nuevo régimen legal para el Valle de los Caídos para apartar a la Fundación de la Santa Cruz.

Como reacción a esta iniciativa, que supondría en la práctica una reforma de la actual Ley de Memoria Histórica, más de doscientas personalidades, entre catedráticos, historiadores y profesionales de distintos ámbitos de la sociedad, han impulsado un «Manifiesto por la Historia y la Libertad». Este documento sostiene que «no se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas». Los firmantes lamentan que el PSOE «pretenda ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria Ley de Memoria Histórica» que «ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu».

Con el apoyo de Stanley Payne, Octavio Ruiz-Manjón, Luis Suárez, Fernando Savater, entre otras muchas decenas de intelectuales, el manifiesto defiende que «los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático». Añade este escrito que «ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado». Concluyen los firmantes que «estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España».

La proposición de ley del PSOE encomienda en su artículo 5 al «ministro competente en materia de memoria histórica o, por delegación, el órgano designado por aquel» la elaboración del catálogo en el que se incluirán los «títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, así como de concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y Dictadura, y se procederá a su supresión». En el caso de ser aprobada, se eliminará más de una treintena de títulos nobiliarios aún vigentes como los de condesa del Jarama, duque de Calvo Sotelo, marqués de Dávila o conde del Alcázar de Toledo. El grupo socialista ha cuidado al máximo la redacción de la futura ley para poder incluir en este catálogo al Ducado de Franco, debido a las circunstancias particulares de este título. No fue concedido por Franco sino por Juan Carlos I a través de un decreto firmado el 26 de noviembre de 1975, cuatro días después de su proclamación, en favor de Carmen Franco Polo.

La clave

¿Consejo de la Memoria o Comisión de la Verdad?

La proposición de ley del PSOE contempla en su artículo 9 la creación de un Consejo de la Memoria como «órgano consultivo» encargado de elaborar informes y propuestas encaminadas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Del mismo modo, este Consejo tendrá que informar del proyecto del plan de fosas para realizar informes de seguimiento y evaluación del mismo.

El «Manifiesto por la Historia y la Libertad» carga contra esta propuesta al considerar que «la implantación de una “Comisión de la Verdad”» por amenazar «a quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única».