Margallo quiere evitar que Mas abra nuevas «embajadas» Generalitat

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha anunciado que el Ejecutivo está analizando también la constitucionalidad de la ley catalana de Acción Exterior.

El Gobierno está estudiando plantear un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Generalitat de abrir dos nuevas «embajadas». También se está evaluando la posibilidad de presentar un recurso contra la ley catalana de acción exterior ante el Tribunal Constitucional. Así lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, en una entrevista concedida al espacio «Espejo Público» de Antena 3 Televisión. Para el primero de los recursos el Gobierno tiene de plazo hasta el 28 de febrero; para el segundo algo más, ya que cuenta con tres meses desde el día en el que el Parlament aprobó la ley, el 11 de diciembre de 2014.

Actualmente el Ejecutivo autonómico catalán cuenta con cinco de estas «embajadas», situadas en en Nueva York, París, Berlín, Londres y Bruselas. Mas pretende inaugurar proximamente oficinas de representación en Roma y Viena. Sin embargo estas dos nuevas «embajadas» abrirán sus puertas después de que la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado haya sido aprobada y publicada (26 de marzo de 2014). Esta ley estipula que las comunidades autonomas deben informar al Gobierno de su intención de abrir oficinas de representación en el extranjero, algo que no ha sucedido en el caso de las «embajadas» catalanas de Roma y Viena. Exteriores tiene que emitir un dictamen sobre si la propuesta autonómica está en consonancia con los objetivos en política exterior del Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre si la inauguración de nuevas oficinas de representación vulnera o no el principio de eficiencia en la gestión de recursos públicos. En principio, la solución que Exteriores ofrece a las comunidades autónomas es más barata y eficaz: que las distintas regiones integren sus oficinas de representación en el interior de las embajadas que España tiene repartidas por todo el mundo, modelo al que ya se han sumado varias regiones. Sin embargo, esta solución no satisface a la Generalitat, que concibe su presencia en el exterior en el marco una estrategia general encaminada a ir construyendo «estructuras de Estado» para Cataluña. Otra razón, además, fue señalada por el propio Margallo durante la entrevista de ayer en «Espejo Público». Según el titular de Exteriores, los partidos independentistas no quieren abrir oficinas fuera de sus fronteras para trabajar por los intereses de los catalanes o promocionar su lengua y su cultura, sino «para alentar el proceso secesionista». «Es obvio que eso no lo pueden hacer desde una embajada española, yo no lo toleraría», subrayó. En cualquier caso Margallo dejó claro que el Gobierno «no tiene competencias para cerrar esas oficinas» de representación, entre otras cosas porque ya fueron declaradas constitucionales por varias sentencias dictadas por el TC a raíz de la apertura por parte de la Generalitat de la primera de sus «embajadas», la de Bruselas ante las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, señaló Margallo, «si alguien incumple la Ley o creemos que puede incumplirla, nuestra obligación es recurrir a los tribunales».

El anuncio de Margallo se produce después de que Roger Albinyana, secretario de Asuntos Exteriores y de la UE de la Generalitat, hiciera público el lunes que el Gobierno catalán tiene previsto abrir 50 de estas embajadas en todo el mundo, algo que habla a las claras de la seriedad con la que los dirigentes nacionalistas se toman su intención de «crear estructuras de Estado» para su soñada «república catalana».