María José Ordóñez, nueva delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de María José Ordóñez como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en sustitución de Blanca Hernández, que llevaba en el cargo desde enero de 2012.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 10 de febrero el nombramiento de María José Ordóñez como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a propuesta del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, y en sustitución de Blanca Hernández, que llevaba en el cargo desde enero de 2012.

Hernández, licenciada en Derecho y letrada de las Cortes, ha sido la cabeza visible de este departamento dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Figura entre los expertos citados por la Subcomisión del Pacto contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados, según el listado dado a conocer esta semana.

La ya exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género tomó el relevo del forense y especialista en violencia machista Miguel Lorente, que fue el primer delegado del Ejecutivo en esta materia entre 2008 y 2011.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es el organismo que propone la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra la mujer e impulsa, coordina y asesora en todas las iniciativas que se lleven a cabo en esta materia.

Entre sus principales funciones está el impulso de la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra la violencia machista; la sensibilización ciudadana y la prevención, o la coordinación entre los distintos servicios para garantizar una actuación integral en relación con la valoración y gestión del riesgo de las víctimas.

Asimismo, la nueva responsable de esta Delegación tiene que dar continuidad la realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones relacionadas con las distintas formas de violencia de género; el diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra las mujeres, o el fomento de la formación y especialización de los colectivos profesionales que intervienen en la atención a las víctimas.