El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, parece tener una adherencia especial a la polémica. Apenas intenta salir de una cuando ya está inmersa en otra. Aunque bien podría pensarse que su objetivo es aplicar la máxima de "una mancha de mora con otra se quita" y trasladarla a las polémicas. En este caso, el ministro más reprobado de Pedro Sánchez ha intentado eclipsar la controversia de los contratos de armamento con Israel, con un nuevo frente: el reparto "a dedo" de medallas pensionadas a altos cargos de la Policía Nacional ya jubilados.

Hablamos del ingreso en la Orden del Mérito Policial con la Cruz de Plata y hablamos de hasta 4.000 euros más al año de por vida para nueve altos cargos ya retirados y uno en activo. Una condecoración que muestra, a juicio del sindicato Justicia Policial (JUPOL), el "abuso sistemático" de Interior, que "legisla y actúa únicamente en beneficio de los altos mandos". Porque estamos, denuncian, ante decisiones marcadas por el "amiguismo" y no el mérito profesional. Por ello, anuncian que acudirán de nuevo a los tribunales para "erradicar este uso fraudulento y vergonzoso de las medallas".

El objetivo es impugnar esta nueva tanda de medallas "ilegales, arbitrarias y carentes de justificación real". Y es que, en palabras de este sindicato policial, se trata de una decisión "tomada a capricho y de manera arbitraria". No en vano, hay que señalar que este "abuso sistemático", como lo definen los agentes, obedece a una normativa de 1964. Norma "heredada del franquismo" que permite esa actitud discrecional del Ejecutivo con los altos mandos. Y para muestra, las artimañas orquestadas por el propio Marlaska, que intentó colar por la puerta de atrás de un decreto, la prórroga de la edad de jubilación de los comisarios a los 67 años.

Una "paga extra encubierta"

Y mientras el titular de Interior se afana por "perpetuar" los privilegios de las cúpulas, sigue ignorando las reivindicaciones de los agentes y votando en contra de la equiparación de policías nacionales y guardias civiles con otras Policías del Estado como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. Tampoco ha tenido reparos el Gobierno en rechazar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean considerados "profesión de riesgo". Por no hablar de la jubilación anticipada, negada para los agentes por obra y gracia, una vez más, del Ejecutivo.

"Exigimos una reforma inmediata de esta norma, para que las condecoraciones reflejen realmente la vocación, el sacrificio y el mérito profesional de quienes sirven en primera línea", apuntan desde JUPOL. Porque, a día de hoy, estas medallas se alejan de los policías de base y se asemejan más una "paga extra encubierta para altos cargos jubilados o al borde de la jubilación", que han desarrollado su actividad profesional en los despachos.

Según apuntan desde este sindicato policial, entre los condecorados figuran los jubilados: Rafael Martínez López (subdirector general de Logística e Innovación); José María Borja Moreno (jefe Superior de Navarra); Ramón Gómez Nieto (jefe superior de Galicia); Eugenio Pereiro Blanco (comisario general de Información); Luis Guillermo Carrión Guillén (jefe de la División de Personal); Rafael Pérez Pérez (jefe de la Comisaría General de Policía Judicial); José Miguel Amaya Tébar (jefe superior de Andalucía Oriental; Alfredo Garrido López (jefe superior de Extremadura; Jorge Manuel Martí Rodríguez (jefe superior de Madrid y de la Comunidad Valenciana) y el comisario, aún en activo, Fernando Óscar San Juan González (asesor del Director Adjunto Operativo).

Varapalo de los tribunales a Marlaska

Hace ahora un año, la Audiencia Nacional anulaba la concesión en 2022 por parte del Ministerio del Interior de las medallas de plata a siete mandos de la Policía Nacional ya jubilados, así como 49 cruces rojas a agentes en activo, todas ellas con una gratificación económica vitalicia. Una decisión que llega después de que este mismo órgano judicial ya tumbara la concesión un año antes. Un varapalo al Ejecutivo de Sánchez que no tardaba en responder, a través del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska.

En su línea habitual, el ministro del Interior aseguró que, si bien iba a revisar el fallo de la Audiencia nacional, consideraba que la concesión de esas medallas estaba "razonablemente motivada", por lo que no descartaba recurrir la sentencia que anulaba las medallas pensionadas a cuatro exjefe superiores, un excomisario general, un exjefe de la Unidad de Asuntos Internos y un antiguo responsable de Extranjería en Madrid.

Sobra decir que los tribunales se han convertido en el refugio preferido de Marlaska en todo aquello que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que este proceder forma parte del modus operandi del titular de Interior. Hay que recordar que el Ejecutivo también recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional, que le obligaba a renegociar con sindicatos y asociaciones profesionales el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018. La sorpresa de los sindicatos y asociaciones que conforman la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial al conocer esta información fue mayúscula y una total "decepción".