Más de 60 leyes «mueren» por los roces de los socios

El Consejo de Ministros ha entrado ya en campaña y el Pleno del Congreso aprobará hoy la Ley de Vivienda, que consagra el tope a la subida del alquiler en toda España después del acuerdo alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Quedan prácticamente dos meses de actividad parlamentaria, teniendo en cuenta que después del verano, en octubre, se disolverán las Cortes para convocar las elecciones generales. Y estancadas, condenadas a morir en esta etapa de choque electoral entre los partidos que sostienen al Gobierno, quedan más de sesenta leyes, algunas de las cuales llevan durmiendo el sueño de los justos desde hace años, alguna incluso desde el inicio de la legislatura, con prórrogas continuas del plazo de enmiendas que no llevan ya a ninguna parte. Las dos más antiguas son del PNV: del 13 de diciembre del 19 sobre reforma de la Ley de Secretos Oficiales y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, también presentada a finales del 19. Pero en ese mismo trámite de enmiendas hay otros 39 proyectos de ley, 12 proyectos de ley de los grupos, 9 provenientes del Senado y 6 de las comunidades autónomas.

La competición dentro de la coalición y los roces con los socios han ralentizado ya notablemente la actividad legislativa en este primer cuatrimestre. En 2023 sólo se han aprobado 16 iniciativas: 10 leyes, 3 leyes orgánicas y 3 reales decretos. Y poco más puede avanzar la actividad parlamentaria una vez que el Gobierno cuenta con su última bandera electoral, la ley de Vivienda, a costa de renunciar a los postulados que defendieron durante la negociación que ha estado abierta toda la legislatura.

En 2022 se aprobaron 74 iniciativas: 39 leyes, 16 leyes orgánicas y 20 reales decretos. Y en 2021 fueron 65: 22 leyes, 11 leyes orgánicas y 32 reales decretos.

No obstante, aunque la actividad legislativa haya llegado a su fin, la alianza de la mayoría de investidura sigue funcionando para bloquear las iniciativas de la oposición y blindar al Gobierno de situaciones comprometidas, norma que se mantendrá hasta que termine la legislatura, en un comportamiento básico de modelo de supervivencia del que dependen todas las partes.

El PSOE está, en ese sentido, tranquilo, porque da por descontado que incluso en el peor de los escenarios, que no tenga arreglo la ruptura de Podemos con Sumar, todos los socios harán de «dique de contención» de la labor de la oposición hasta el último día.

Esta recta final ha obligado al PSOE a ceder en temas clave, sedición, malversación, vivienda, pero los socialistas también están convencidos de que todas estas cesiones quedarán borradas en el imaginario popular por los anuncios que irá desglosando el presidente del Gobierno en los próximos meses.

Y el Congreso quedará como un escaparate para el mitin y para promocionar los anuncios del jefe del Ejecutivo en clave electoral. El PSOE hace un balance positivo de la actividad parlamentaria de esta legislatura, y puede dar por cumplidos sus principales hitos del programa de coalición. Las grandes reformas de carácter de Estado, como la prometida nueva regulación de los servicios secretos, por ejemplo, pasan al cajón de asuntos pendientes, porque la mayoría de investidura ha centrado su productividad en estos últimos meses en temas que pueden ser rentables electoralmente para todas las partes, y sobre todo de carácter social.

Esta etapa de un Consejo de Ministros ya en campaña ha llevado a que ayer mismo la Junta Electoral volviera a instar a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a que «extreme su diligencia» para evitar que se vuelva a vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar tras la convocatoria de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo.

En una resolución, el órgano supervisor se refiere a unas declaraciones de la también titular de la cartera de Política Territorial de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la semana pasada, en las que calificó de «políticas fracasadas» las medidas en materia de vivienda promovidas por el PP.

«Aunque la ausencia de premeditación mitigue la responsabilidad de la ministra portavoz, no exime a ésta del deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones electoralistas», afirma la Junta Central, que no considera procedente la imposición de una sanción.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aprovechó ayer la sesión de control al Gobierno para criticar, precisamente, el electoralismo que el PP entiende que el Gobierno está haciendo con la política de vivienda. «La única política de vivienda que le ha interesado a usted es seguir residiendo en el Palacio de la Moncloa». El presidente del Gobierno, por su parte, respondió con un elogio encendido de la ley pactada con ERC y Bildu, sobre la que la oposición ha dejado la puerta abierta a un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las comunidades del PP han anunciado que, en el ejercicio de sus competencias, no cumplirán aquellas partes de la ley sobre la que tienen potestad, por considerar que limita la oferta, hará que suban los precios y desincentiva, además, la inversión extranjera en el mercado español.