Más de 100 millones en subvenciones del Estado desde 1994

UGT ha recibido subvenciones del Estado por importe de 108,4 millones de euros desde 1994, justo el año en que Cándido Méndez fue elegido secretario general de la formación sindical.

Estas subvenciones se dividen entre lo que la central recibe por la representación conseguida en las elecciones sindicales (88,5 millones de euros) y lo que ingresa por participar en organismos públicos (19,9 millones de euros). En este último ejercicio, los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy han supuesto un descenso del 31% en estas partidas.

Hasta ese momento, la tendencia general fue de subida, en concreto un 71% entre 1994 y 2011, cuando se recibió un máximo de 7,37 millones de euros, con un incremento récord entre los años 2005 y 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo. Sólo en un año se aumentaron las subvenciones en un 33%.

Millones de euros que no saben de crisis, y ello sin contar las ayudas que proceden de Europa, de fondos para la formación o de las comunidades autónomas.

Cantidades nada despreciables cuyo destino sólo conoce la propia central sindical, algo que cambiará con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, dentro de un año. A partir de ese momento, partidos y sindicatos no tendrán la obligación de atender todas las demandas de información que les soliciten los ciudadanos o las instituciones.

A día de hoy, por ejemplo, sigue siendo una incógnita el salario que percibe Cándido Méndez. Al menos de una manera oficial, porque del líder de UGT lo único que se sabe en este sentido es lo que él mismo confesó en el programa de TVE «Tengo una pregunta para usted»: «2.574 euros una vez deducidas las cotizaciones sociales» –lo que se traduciría en unos 40.000 euros anuales–.

Las cuentas anuales de las dos centrales sindicales mayoritarias no tienen ningún control estatal. De hecho, los propios sindicatos admiten indirectamente en su información institucional que son entidades ajenas al control del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del Estado. Este organismo inspecciona a la Administración del Estado, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, algunos servicios de la Seguridad Social, organismos autónomos o entidades públicas, entre otros, pero en el que quedan excluidos los sindicatos, considerados entidades privadas, así como la patronal. En este sentido, son las propias centrales sindicales las que ejercen un «autocontrol» de sus cuentas, al pasar un único examen anual por parte de las denominadas «Comisiones de Control Económico». Llama la atención que estas entidades están integradas por miembros del propio sindicato, que elaboran un informe anual elevado a los distintos órganos federales para su posterior aprobación. Una particular estructura que hace imposible que alguien externo al sindicato pueda conocer las cuentas de ambas centrales, cuya financiación proviene en gran parte de subvenciones autonómicas y estatales.

Unas ayudas que han caído en picado desde que el PP llegó al Gobierno hace ahora dos años. En cuanto a subvenciones para la formación, se ha acabado con una escalada que arrancó en 2004 con los 18,4 millones que entonces otorgó el PSOE y que alcanzaron su cénit con los 29 y 26,6 millones de 2010 y 2011 –en plena crisis económica– hasta el recorte de los populares en 2012 y 2013: las centrales mayoritarias se hicieron entonces con 12,6 y 11,2 millones de euros.