Mas no irá con la consulta al Congreso para evitar el bochorno de Ibarretxe

A Artur Mas le persigue el sambenito de estar abanderando el «Plan Ibarretxe 2» y no quiere dar más argumentos a quienes realizan esta semejanza. Por eso, el presidente de la Generalitat optará por evitar el trance en el Congreso de los Diputados, donde se prevé que tres parlamentarios autonómicos pidan formalmente la competencia para organizar referendos. Así lo anunció ayer el presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, en una entrevista en Europa Press, donde no ocultó que el objetivo es «preservar la figura del presidente de la Generalitat».

Los partidos que siguen embarcados en el viaje soberanista –CiU, ERC, ICV y CUP– planean que el Parlamento de Cataluña apruebe a mediados de enero una proposición de ley para trasladar al Congreso la solicitud de delegación de competencias para poder convocar un referéndum, una materia de titularidad estatal que sólo se podría transferir mediante el artículo 150.2 (el mismo que se usó para ceder a Cataluña la gestión sobre el tráfico en las carreteras).

El problema es la lentitud que comporta este trámite del Parlament al Congreso. El proceso puede alargarse muchos meses porque las iniciativas autonómicas se discuten por orden de presentación y únicamente se debate una cada mes. En todo caso, no será Mas quien defienda la petición para organizar referendos. «Tampoco el president Maragall defendió el Estatut en el Congreso en el año 2006», recordaban ayer en CiU. Según Jordi Turull, «allí tienen que ir los representantes de las fuerzas políticas para que vean que es algo absolutamente transversal». «Tampoco pediremos que quien haga el posicionamiento en el Congreso sea el presidente Rajoy», añadió.

Es de prever que este trámite sea largo y proceloso. Tanto, que podría llegar a puerto después del verano. Para evitar esta demora, los grupos parlamentarios catalanes en el Congreso optarán, con toda seguridad, por impulsar en paralelo esa misma proposición de ley.

Sin embargo, debe ser la Mesa del Congreso quien admita a trámite esta iniciativa. Con todo, los grupos catalanes confían en que pueda votarse a principios de la primavera, incluso en marzo. Tras el registro formal, el texto debe obtener el aval de la Mesa del Congreso. De lograrlo, la proposición de ley sería remitida al Gobierno que contaría con un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la misma.

El actual Gobierno de Mariano Rajoy se jacta de no haber vetado en lo que va de legislatura el debate de ninguna iniciativa legislativa de la oposición y contrasta esta actitud con la mantenida por el gabinete de Zapatero. Transcurridos los 30 días preceptivos sin que el Ejecutivo pusiera pegas a su tramitación, la proposición de ley quedaría lista para su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración, lo que podría ocurrir, según los cálculos de estas formaciones, en torno al mes de marzo.

Llegue cuando llegue, la proposición de ley está condenada al fracaso, puesto que PP y PSOE la rechazarán por amplia mayoría.