Mas pidió al juez declarar por el 9-N once días antes de las elecciones del 27-S

Sus abogados reclamaron al instructor de la causa que tomase declaración a los querellados antes de seguir con los testigos

Las airadas reacciones políticas a la citación como imputado de Artur Mas apenas 48 horas después de las elecciones autonómicas chocan frontalmente con el escrito que los abogados del presidente en funciones de la Generalitat y de las otras dos investigadas –la consejera de Educación, también en funciones, Irene Rigau y la ex vicepresidenta Joana Ortega– remitieron al instructor de la causa el pasado 16 de septiembre reclamándole la toma de declaración de los querellados.

En el documento, firmado por el letrado de Mas, Xavier Melero, y por las defensas de Ortega y Rigau, se solicitaba al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manuel Abril que «de momento no se acordase» la práctica de las declaraciones testificales propuestas por el Ministerio Fiscal «hasta que previamente no se haya tomado declaración a los querellados en la presente causa». La siguiente declaración, la de Dolores Agenjo, la directora de un instituto de Hospitalet de Llobregat que se negó a ceder su centro para las votaciones, estaba prevista para el pasado día 21 (ahora ha sido citada nuevamente el próximo 19 de octubre).

«Indudable fondo político»

Los letrados –que señalan en el escrito que la querella contra Mas «tiene un indudable fondo político»– recordaban al juez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la declaración de los procesados «en primer lugar, antes que la declaraciones de los testigos», que Joan Manuel Abril comenzó a practicar el pasado 30 de julio. «Parece lógico», afirmaban los abogados, «determinar que el orden natural de la práctica de las diligencias de instrucción sea el de comenzar las actuaciones con la toma de declaración de los querellados, pues es el medio para hacer valer el derecho de defensa y el de un procedimiento con todas las garantías», una nada velada queja de indefensión que, seguramente, esgrimirían como cuestión previa en la vista oral si finalmente Mas, Ortega y Rigau tienen que sentarse en el banquillo.

Las defensas hacían hincapié en que, hasta el momento, el juez había acordado la práctica de diversas diligencias (sobre todo testificales) «obviando el referido orden de práctica de la prueba». «No tiene sentido», se quejaban, «que la investigación para esclarecer determinados hechos, perfectamente documentados, avance por vías secundarias, tomando declaración a testigos de referencia y a personas que sólo pueden aportar su percepción o valoración subjetiva».

Para conseguir suspender por segunda vez la declaración de Agenjo (que denunció que se sintió presionada por la Conselleria d’ Ensenyament para ceder el centro que dirigía para las votaciones del 9-N), los abogados esgrimieron que la directora de instituto figuraba como número 23 en la lista de Ciudadanos por Barcelona el 27-S. Al final, la citación fue aplazada.

Como informó este periódico, las defensas de los querellados solicitaron al juez de manera informal el pasado 30 de julio que la citación de Mas, Rigau y Ortega no se produjera antes del 27-S para no interferir en los comicios. El instructor cumplió su palabra.