Méndez de Vigo: «El 155 servirá para garantizar la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda»

El portavoz del Gobierno, Íñigo Ménez de Vigo, ha considerado hoy que es "prematuro"decir cuándo deben celebrarse elecciones autonómicas en Cataluña, ya que primero debe restablecerse la legalidad y recuperar la convivencia y el sosiego.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Ménez de Vigo, ha considerado hoy que es "prematuro"decir cuándo deben celebrarse elecciones autonómicas en Cataluña, ya que primero debe restablecerse la legalidad y recuperar la convivencia y el sosiego.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha sido preguntado por la posibilidad de que la aplicación del artículo 155 lleve aparejada la convocatoria de comicios en Cataluña para enero. Méndez de Vigo ha subrayado que las prioridades del Gobierno son restablecer la legalidad constitucional y estatutaria, recuperar la convivencia y devolver la neutralidad a las administraciones públicas catalanas.

"Son medidas que no se hacen de un día para otro", ha precisado, antes de señalar que lo normal es que ese proceso acabe luego con la convocatoria de elecciones. También ha asegurado que el objetivo del artículo 155 no es suspender la autonomía de Cataluña, sino devolverla a su legalidad.

Además, insistió que la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo servirá también para garantizar los servicios esenciales y la recuperación económica, que "en estos momentos está seriamente en duda"por la situación política en Cataluña. Méndez de Vigo ha lamentado la "huida masiva"de más de 900 empresas que han cambiado su sede social de Cataluña desde la celebración del referéndum de independencia del pasado 1 de octubre, a lo que se suma la caída en las reservas hoteleras y turísticas, en las ventas de grandes almacenes, entradas de espacios culturales o la caída de las expectativas de inversión.

Por ello, ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna servirá también para "garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno rebajó las previsiones de crecimiento para 2018 en el plan presupuestario que envió el pasado lunes a Bruselas, en el que bajó del 2,6% al 2,3% su previsión de alza del PIB para el próximo año, al tiempo que elevaba en una décima, del 2,2% al 2,3% su estimación de déficit para ese año. No obstante, para el ejercicio actual elevó una décima, hasta el 3,1%, su previsión de crecimiento, y mantuvo en el 3,1% su pronóstico sobre el déficit.

Asimismo, Méndez de Vigo ha explicado que el primer objetivo de la aplicación del artículo 155, pactada con el PSOE y Ciudadanos, es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, así como asegurar la neutralidad institucional y preservar los derechos de catalanes. "La libertad, la seguridad y la pluralidad", ha apostillado el también ministro de Educación, quien ha aclarado que la utilización de este artículo no supone suspender la autonomía de Catalauña.

La Mesa del Senado está convocada para este sábado a las 13 horas, tras el Consejo de Ministros que decidirá las medidas que se aplicarán en Cataluña. Así, el Senado celebrará el viernes 27 el Pleno en el que aprobará la aplicación del 155. El Gobierno ha venido advirtiendo en las últimas semanas del perjuicio económico para Cataluña y el resto de España que supone el desafío independentista.

Precisamente este jueves el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, advirtió en el Congreso de que el cambio de domicilio social de empresas en Cataluña que se ha producido hasta ahora es solo un "aperitivo"si se llegase a concretar una hipotética independencia, que sería "terrorífica"y un "suicidio económico", y ha negado que haya "ningún tipo de presión"para la salida de empresas.

Asimismo, se refirió al retroceso de varios indicadores económicos, como las reservas turísticas, que han caído alrededor de un 20%, las ventas de coche entre un 20% y un 25% o las ventas de grandes almacenes entre un 15% y un 20%.

Impugnación

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la Generalitat de Cataluña del 2 de octubre por el que creó una comisión sobre violación de derechos fundamentales durante el referéndum de independencia del día 1 "como consecuencia de las acciones y omisiones"de las instituciones del Estado. El Gobierno entiende que este acuerdo vulnera competencias exclusivas del Estado en materia de Justicia y de legislación procesal, así como "otros muchos principios"como la presunción de inocencia y el derecho al honor, ha dicho el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Méndez de Vigo ha explicado que esta comisión sería "una especie de organismo parajudicial"que tendría además a su servicio a la policía autonómica catalana "para investigar infracciones cometidas por cualquier poder que no sea la Generalitat". En el acuerdo del dos de octubre, la Generalitat señala que la comisión investigará actuaciones y omisiones "imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad"tras los "hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales"