Cuando acaba de cumplirse un año de la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, en la que se imponía un proceso de "reflexión" para calibrar si "merecía la pena seguir" al frente del Gobierno por la apertura de diligencias de investigación contra su mujer, Begoña Gómez, el cerco judicial al entorno del presidente del Gobierno se amplía. Y lo hace por un flanco imprevisto, el de su hermano, David Sánchez.

En Moncloa siempre han considerado que, de todas las causas en curso, esta era la que tenía menos solvencia jurídica y menos opciones de prosperar. "Quedará en nada", anticipaban. Sobre todo, porque la instrucción se inició con una acusación de un incremento patrimonial desorbitado que quedó totalmente descartado por los investigadores desde el primer momento. Sin embargo, las pesquisas han ido avanzando y el caso se ha consolidado hasta tal punto que hoy ha culminado con el procesamiento de David Sánchez por los delitos de malversación y tráfico de influencias.

La reacción inmediata de fuentes del Gobierno ha sido aplicar el argumentario. Mostrar su confianza en que "el tiempo y la verdad se acabarán imponiendo", pero dejando un mensaje con carga de profundidad, victimizándose y señalando que se sigue avanzando en una estrategia de "acoso al entorno del presidente del Gobierno". En el Ejecutivo consideran que hace un año comenzó una nueva estrategia para tratar de hacer caer a Sánchez, que consiste en desistir de la vía política -ante su nula intención de convocar elecciones- para "atacar" y desestabilizarle por el frente judicial.

Este caso, sin embargo, tiene algunas especificidades respecto a la causa de Begoña Gómez. La primera es que la jueza ha realizado una instrucción minuciosa, alejada de los titulares o el protagonismo, que deslegitima las críticas que desde Moncloa se han emitido habitualmente contra el magistrado Juan Carlos Peinado por su investigación a la esposa del presidente. "Otra más de Peinado", señalan con cierta asiduidad. Además, el propio hermano de Sánchez ha sido con sus declaraciones en sede judicial -sin saber ubicar su puesto de trabajo o alquilando una vivienda antes de que le asignaran la plaza, entre otras cuestiones- quien ha ido apuntalando los indicios contra él.

Y un factor añadido, este caso tiene como satélites a otros cargos vinculados al partido y a La Moncloa, también han sido procesados por los mismos delitos que David Sánchez el fuera asesor de Moncloa Luis Carrero, y a altos cargos de la Diputación de Badajoz, entre ellos su presidente Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE de Extremadura y futuro candidato a la Junta. Un perfil no alineado con Sánchez que, sin embargo, consiguió imponerse en primarias.