Moncloa ocultó a Sumar la excepción que contiene el decreto del embargo de armas a Israel que el Gobierno aprobó este martes. Fuentes de la formación explican a LA RAZÓN que se enteraron de parte del contenido el viernes, en la comisión delegada de asuntos económicos, y que hasta ayer no conocieron en su totalidad el redactado del decreto.

Como ya avanzó este diario, el socio menor de la coalición fue apartado por completo de las negociaciones técnicas pese a que el Ejecutivo ha estado más de dos semanas ultimando el decreto de marras. En Sumar, el cabreo es importante, porque los socialistas enviaron el decreto a los grupos parlamentarios durante el pasado fin de semana. De hecho, algunos socios del Ejecutivo, como Bildu, exigieron ir más allá.

Sumar quiere que el decreto, si es que se convalida, se tramite como proyecto de ley para ampliar el ámbito de aplicación del embargo, así como para modificar la disposición adicional primera, que es la que autoriza al Consejo de Ministros a exceptuar por el interés general y la seguridad nacional alguna operación del embargo en vigor.

Fuentes del partido avanzaron que, mientras esta cláusula no sea modificada, desde Sumar se opondrán a «cualquier operación que se proponga como excepción». Lo cierto es que el Ejecutivo tiene muy difícil convalidar la norma, especialmente por la beligerancia de Podemos. Los morados denunciaron a Economía por retrasar el decreto.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, están a los mandos de la negociación. En cualquier caso, el Gobierno admite que no puede cortar del todo con Israel y que el decreto ya está en el margen de la legalidad que le permiten los convenios y tratados internacionales, así como el derecho comunitario.

Fuentes de Economía explican que la medida carece de la eficacia suficiente mientras el resto de países de la Unión Europea no se sumen de alguna manera. El mercado único es la trampa a la que pueden recurrir algunas empresas para sortear el veto español.

Por eso, el Gobierno trabaja para mover la posición de los 27. El decreto, que regula la excepción, no está circunscrito a una casuística en particular. De manera que, según denuncian los socios del PSOE, se trata de un «agujero» por el que se puede colar el comercio y la prestación de servicios con Tel Aviv.

Es decir, que será el presidente quien termine decidiendo. El objetivo del Gobierno es que España se «desconecte» de la tecnología militar y de defensa israelí. Pero Moncloa quiere que sea un proceso suave, que se desarrolle con todas las garantías tanto legales como económicas, aunque el Gobierno oculta el hipotético coste de las sanciones a las que se puede enfrentar por romper los contratos en vigor con Israel.

Hasta entonces, el Ejecutivo quiere potenciar el sector español y el europeo para que las excepciones sean «puntuales». Falta saber si el CNI será una de ellas. No es ningún secreto a voces que el servicio de inteligencia recurre a equipos israelíes para su actividad, sobre todo en el ámbito de la ciberinteligencia, la vigilancia y la interceptación de comunicaciones secretas.

Así que es posible que, hasta que el servicio de inteligencia disponga de otros proveedores, quede exento de la ruptura comercial con Israel.

Pedro Sánchez está inmerso en una guerra diplomática con el gobierno de Benjamin Netanyahu. La tensión entre ambos países está en niveles sin precedentes y la desconfianza es total. El Gobierno no sabe cómo reaccionará Tel Aviv al decreto, pero Moncloa tiene preparados diferentes escenarios.

En cualquier caso, lo cierto es que el líder socialista ha dinamitado cuatro décadas de relaciones diplomáticas. Y encima de la mesa está el cálculo electoral. Ese es el principal incentivo del presidente porque Moncloa cree haber encontrado la fórmula para movilizar a los votantes progresistas.

La cuestión de Oriente Medio desata pasiones ideológicas. Sánchez busca crecer por su flanco izquierdo y juega con los tiempos. No es casualidad que el decreto se aprobara ayer, justo después de que Francia reconociera formalmente el Estado de Palestina.